El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Virgilio Saquisela, convocó para este lunes a una sesión del pleno con el fin de debatir la posible derogación del estado de excepción parcial firmado por el mandatario Guillermo Lasso, con el ánimo de frenar la protesta social en contra del Gobierno.
Saquisela también pidió que en la misma sesión del pleno se analice una resolución que busca convocar de manera inmediata a una mesa de diálogo al presidente Lasso y a los dirigentes del paro nacional indefinido contra la política económica del Ejecutivo.
En una rueda de prensa efectuada este sábado, Saquisela aseguró que la petición de derogación ha sido firmada por 72 de los 137 legisladores que integran el pleno de la Asamblea y que se han cumplido con las formalidades legales, por lo que su tratamiento es un imperativo.
Precisó que la sesión de debate tendrá lugar la tarde del lunes en el Palacio Legislativo, en el centro-norte de Quito, que también sería al sede de la mesa de diálogo sugerida por él y a la que, según dijo, «nadie» en el Legislativo debería oponerse.
«No queremos que el país se convulsione», añadió Saquisela, quien espera que la noche del mismo lunes haya una decisión mayoritaria sobre la petición de la derogación del Estado de excepción, por lo que la eventual convocatoria a la mesa de diálogo podría ser el martes en la mañana.
Poco antes, la legisladora Paola Cabezas, del movimiento opositor UNES, dijo a Efe que el pedido para debatir sobre la revocación del decreto de excepción contaba con los votos suficientes (mínimo 70) para ser tramitada.
Cabezas agregó que incluso se han advertido serias irregularidades en la formulación del decreto de excepción, pues al parecer anoche circularon dos textos oficiales sobre esa decisión con contenidos que han alterado a la opinión pública nacional.
Según ella, hay dos decretos escritos, uno que incluye un párrafo sobre la restricción del servicio de internet en las provincias donde rige el estado de excepción que son las de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha (cuya capital es Quito).
Con ello, aseguró la legisladora, se conculcaría el derecho a la libertad de expresión y podría restringir el trabajo de muchos medios de comunicación digitales, que son los que han realizado la cobertura de las protestas.
Uno de los textos también advertía sobre el uso «letal de la fuerza» por parte de los agentes del orden, que también ha generado preocupaciones en amplios sectores de la sociedad, según comentó. EFE
