En Legislativo se estima que hay más de 70 votos necesarios para echar abajo del decreto.
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A las 17:15 de hoy está convocado el pleno de la Asamblea Nacional (Legislativo) para resolver si sigue vigente el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso o si se echa abajo el Decreto 455 con el que se estableció la medida.
La Ley de la Función Legislativa, en su artículo 46, permite que los legisladores revoquen un estado de excepción decretado por el Ejecutivo, para lo cual necesitan los votos de la mayoría absoluta, es decir, más de 70. En caso de que la moción sea aprobada, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, deberá ordenar la publicación de lo resuelto en el Registro Oficial.
Según los datos proporcionados por el Observatorio Legislativo, la derogatoria del Decreto 455 tendría garantizados los 49 votos del correísmo y los 22 de Pachakutik, con lo cual se sobrepasa la votación necesaria, además, se sumarán los disidentes de la Izquierda Democrática, que ya dieron su apoyo para presentar la moción para convocar al pleno.
Mireya Pazmiño (Pachakutik), una de las proponentes de la moción, señaló que su solicitud se basa en que la resistencia y la protesta social están garantizadas por la Constitución y las normas internacionales de Derechos Humanos, por lo cual, no pueden ser bloqueadas a través de un decreto.
La propuesta también fue impulsada desde el correísmo, según Pabel Muñoz, de las filas de esta bancada, la idea es revocar el decreto y analizar en el seno del Parlamento otras posibles soluciones a la crisis que enfrenta el país, basadas principalmente atender a las clases más desposeídas.
“El presidente está juzgando el país desde su burbuja, cómo puede decir que no hay detonante para la protesta cuando en los mercados todo está más caro, en el sistema de salud no se atiende a quienes tienen una dolencia, tenemos 6 puntos más de pobreza, mientras la reserva monetaria aumenta, respondiendo a esas demandas es que se va a detener la protesta, no con un estado de excepción”, afirmó Muñoz.
Revocatoria
Por su parte, en la bancada oficialista responsabilizan a quienes voten a favor de la derogatoria del estado de excepción de la violencia que se pueda desatar en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha, pero, sobre todo, en Quito.
“El estado de excepción es necesario para mantener la paz, quienes se oponen a este decreto serán responsables de los daños y destrucciones. Nadie quiere otro octubre de 2019”, se pronunció CREO a través de un comunicado.
En cuanto a otras bancadas, la Izquierda Democrática también emitió un comunicado en el que manifestó que no apoyará la revocatoria del estado de excepción, pues no está de acuerdo con la violencia, venga de donde venga; en el mismo sentido se pronunció el Partido Social Cristiano, que señaló que no hay razones para que se lo revoque y puntualizó que lo que ocurra durante la vigencia de la medida es de absoluta responsabilidad del presidente Lasso.
Aunque hoy en la Asamblea Nacional se reúnan los votos necesarios para revocar el estado de excepción, eso no impide, según explicó el constitucionalista Ismael Quintana, que el presidente Guillermo Lasso lo vuelva a decretar.
“Tantas veces la Asamblea lo revoque, el presidente lo volverá a emitir, esperemos que no entremos en ese mal chiste de que la Asamblea revoque y el presidente emite otro decreto, la Asamblea lo vuelve a revocar y el presidente lo vuelva a emitir”, señaló Quintana.
Según el experto, el principal problema que esto podría generar, además de la incertidumbre ciudadana, es que no se permita que la Corte Constitucional haga su análisis de constitucionalidad, es decir, que el estado de excepción entre en vigencia sin que se verifique que si se está vulnerando la Constitución.
Responsabiliza a asambleístas
En una misiva dirigida a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, responsabilizó a los asambleístas que voten a favor de la revocatoria del estado de excepción por los daños que podría sufrir la ciudad de Quito.
“Responsabilizo a los asambleístas que voten a favor de la revocatoria del estado de excepción, por las consecuencias que podrían traer para la paz y la seguridad de la ciudad. La capital no puede quedarse en la indefensión”, afirmó Guarderas, quien detalló los hechos violentos que se produjeron en la capital durante la semana pasada.
Adicionalmente, Guarderas solicitó ayer a las autoridades militares y policiales que, basados en el estado de excepción, se movilice a todo el personal de la fuerza pública para mantener y fortalecer el orden, limitar los escenarios de violencia, proteger la paz y garantizar la libre circulación y el desarrollo de las actividades económicas. (I)
APOYOS
8 días de un paro indefinido contra la gestión económica del presidente Guillermo Lasso, se cumplen hoy entre el estado de excepción declarado por el Gobierno, la protesta social y un atisbo de diálogo desde el Parlamento.
4.258 instituciones educativas, de 15 provincias del país,mantendrán suspendidas las clases presenciales hoy en con el fin de precautelar la seguridad de estudiantes y docentes, ante la posible persistencia de manifestaciones.
Las manifestaciones en Ecuador incidieron en el flujo de colombianos inscritos que debían acudir ayer a votar, según informaron fuentes diplomáticas. Estaban inscritos 35.000 colombianos.
La Policía “allana” instalaciones de la Casa de la Cultura
Ante una denuncia ciudadana al sistema 1800 DELITO, que señalaba el supuesto ocultamiento de explosivos y armas en sus instalaciones, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron ayer la matriz en Quito de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
“Mediante una llamada al 1800 DELITO, nos decían que 30 personas habían ingresado con explosivos, material bélico y armas artesanales para ser usadas por estas marchas”, afirmó Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional.
Una vez concluida la diligencia, la Fiscalía General del Estado informó que no se incautaron indicios, ni de registraron detenidos, sin embargo, la Policía ya no saldrá del lugar.
“Aprovechando que estamos en ese lugar y ante la necesidad operativa policial, vamos a usar algunas herramientas que están establecidas en estado de excepción para hacer una requisición de esa área y ese lugar servirá como albergue de nuestros policías y como centro de acopio para recibir vituallas y agua que la ciudadanía de Quito está pidiendo colaborar con la Policía”, afirmó Salinas.
El allanamiento se realizó después de que Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, aseguró que las instalaciones de la Casa de la Cultura estaban garantizadas para hospedarlos, cuando lleguen a Quito, sin embargo, Fernando Cerón, quien preside la institución, negó que se las hayan solicitado oficialmente.
Cerón insistió en que ese espacio está destinado a apoyar las expresiones culturales de los ecuatorianos y que es un recinto de paz que incluso podría servir como escenario de mediación para un eventual diálogo entre los manifestantes y el Gobierno.
La sede de la CCE en Quito fue el albergue para cientos de indígenas que en octubre de 2019 protagonizaron una dura paralización contra la gestión económica del entonces presidente Lenín Moreno, sobre todo contra un decreto que aumentaba permanentemente el precio de las gasolinas, que es también una de las quejas actuales. (ASM/EFE)-(I)
