El gobierno de Guillermo Lasso no es el primero ni será el último que durante su periodo enfrente manifestaciones en las calles. Empecemos diciendo que la reivindicación de derechos que exige el pueblo indígena es legítima y que sus pedidos son también los de la gran mayoría de los ecuatorianos. Esa mayoría ha optado por trabajar y no salir a las calles, sin embargo, no olvidemos que cuando se reivindican los derechos por los que se protesta, los beneficiados somos todos.
Como expresa el grito en las calles, mirones y parados también son olvidados. Aun así, jamás estaremos a favor del vandalismo y la violencia infiltrada, aquella que destruye la propiedad pública y privada. Ninguna reivindicación de derechos, por más legítima que sea, debe violentar el derecho ajeno, la Constitución es clara al prohibir la paralización de los servicios públicos. Lo más preocupante al cumplirse ocho días de protesta, es los intereses de desestabilizar al gobierno y acumular popularidad a favor de los opositores de cara a las seccionales del 2023 y desde luego a las presidenciales del 2025.
El país no apoya una defenestración presidencial, el presidente debe terminar el periodo constitucional hasta 2025. Urge un diálogo frontal y transparente entre el gobierno central, los GADs, la Asamblea Nacional, los organismos internacionales, los medios de comunicación, la academia, los gremios y las organizaciones de la sociedad civil. El presidente puede y debe enrumbar sus decisiones hacia la inversión social. (O)
