Después de que UNES planteara la posible destitución del presidente Guillermo Lasso, establecida en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, conocido coloquialmente como la muerte cruzada, el debate en la Asamblea Nacional es público. El artículo constitucional en concordancia con el artículo 51 de la Ley de la Función Legislativa expresa que deben intervenir todos los asambleístas por un tiempo de 10 minutos, sin derecho a réplica, una vez terminado este procedimiento, deberán trascurrir 72 horas para tomar una resolución motivada.
Al momento y como se han expresado en redes sociales y medios de comunicación el PSC, la ID, Pachakutik, y el BAN no darían sus votos para destituir al presidente, con excepción de UNES y algunos disidentes de PK. Desde lo jurídico-constitucional, cuando el presidente comparece a través del secretario jurídico Fabián Pozo, deja claro que ya no habría causal para que se constituya la conmoción interna, una vez que se hace público la predisposición al diálogo aceptado por el líder indígena Leónidas Iza, además por la derogación del decreto ejecutivo que declaraba el estado de excepción, que en principio hablaba de conmoción interna.
Por tanto, jurídicamente no habría la causal, políticamente no habrían los votos, pero lo que es justo y necesario resolver una vez que termine el paro, es la descomposición del tejido social, la polarización en la que fuimos ubicados, dentro de los de izquierda o derecha, los buenos y los malos, los del norte y los del sur, los manifestantes vagos y los no manifestantes trabajadores, los blancos y los indios, Estos niveles altos de xenofobia, racismo, regionalismo y aporofobia, demuestran lo descompuestos que estamos como sociedad. Todos perdimos. (O)
