El toque de queda que regía en Azuay, Sucumbíos y Orellana como parte del estado de excepción fue levantado la tarde de este viernes, 1 de julio de 2022, con lo que se da paso a la libre movilidad.
Así lo dispone el Decreto Ejecutivo 469 firmado por el presidente Guillermo Lasso; sin embargo, el estado de excepción se mantiene.
En horas de la mañana las autoridades locales solicitaron al Ministerio de Gobierno que los bares, restaurantes, hoteles y lugares de entretenimiento nocturno puedan operar con normalidad hasta la hora regular que son las 03:00 y que los ciudadanos tengan libertad de movilidad para acudir a estos espacios.
El trabajo de la Policía y Fuerzas Armadas se centrará en el control del orden público y en contra de la delincuencia, explicó el gobernador Matías Abad.
La medida fue tomada ante la necesidad de reactivar la economía del sector turístico que opera en las horas nocturnas y que ha sido uno de los más golpeados ante las restricciones por la pandemia del coronavirus y el paro nacional.
También garantizarán que otros sercivios, como el de la transportación, estén disponibles para garantizar la movilidad.
Puntos que se mantienen
En el acta por la paz el Gobierno se comprometió a derogar el estado de excepción en la medida que se restablezca la paz en todo el territorio ecuatoriano.
Al estar vigente el decreto rigen las siguientes medidas:
- Suspender la libertad de asociación y reunión. Esto quiere decir que están prohibidas las marchas, manifestaciones y todo tipo de concentración de personas. Según el decreto, la prohibición aplica para las «manifestaciones en que ocurran hechos violentos, en estricta relación a los motivos del estado de excepción». Exceptúa la «protesta pacífica y toda aquella actividad pacífica que no tenga por objeto ahondar la situación de grave conmoción interna».
- Disponer las requisiciones a las que haya lugar. Esto significa que la Policía o Fuerzas Armadas pueden hacer embargos o incautaciones. «Las requisiciones se harán en casos de necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico», dice el documento.
- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley deberán observar el estándar del uso progresivo de la fuerza y los principios aplicables. El decreto dice: “La fuerza letal deberá usarse a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas plenamente identificadas, ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves”.
- La Contraloría General deberá vigilar el correcto uso de los bienes del Estado.
- Disponer al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el empleo de maquinaria y equipo para el despeje inmediato de las vías inhabilitadas.
- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán apoyar y coordinar con las Fuerzas Armadas con el fin de garantizar el funcionamiento normal de los mercados populares de confluencia masiva, para que se realice el abastecimiento y suministro de los alimentos básicos y de consumo diario».
- El Ministerio de Economía y Finanzas asignará los fondos suficientes para atender la situación de excepción.
Apertura de vías y controles
En la rueda de prensa también estuvieron presentes representantes de varias dependencias públicas, quienes explicaron cómo se van normalizando la apertura de vías, ejecutando controles de precios y abastecimientos de productos para la ciudad.
