Varias lecciones deja el paro liderado por la Conaie y otras organizaciones sociales afines.
Vuelta la paz y el trabajo, de ninguna manera debe implicar el reino de la impunidad.
Durante los 18 días de protestas se perpetraron actos vandálicos contra la propiedad pública y privada, también acciones consideradas como terroristas, e incluso intentos de asaltos a pozos petroleros, amén de muertos y heridos, y el bloqueo de vías, penado por la ley.
Hay más de 250 denuncias puestas en la Fiscalía para las investigaciones de rigor. Muchas, con seguridad, derivarán en enjuiciamientos de tipo penal.
En uno de los fallidos acercamientos entre las partes, dirigentes indígenas ya pidieron no “criminalizar la lucha social”.
Las acciones violentas, según esos dirigentes, las produjeron “los infiltrados”, pero nunca los identificaron ni los condenaron.
Pues bien, para eso está Fiscalía cuyas indagaciones ojalá permitan identificar a los autores y mentalizadores, no importa sin son indígenas o de otros grupos sociales; pues la ley es para todos, nadie está sobre ella.
Además del país, no hay ganadores ni perdedores, comienza a pregonarse. Bajo este aparente axioma suele colarse la impunidad. En el país, dadas las coyunturas políticas, la judicialización de los casos está a un paso de la amnistía, argumentado la “reconciliación nacional”. Sobran los ejemplos.
Por las acciones de vandalismo y de terrorismo durante los días de zozobra, corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado escudriñar a fondo la posible existencia de grupos terroristas y de semilleros de guerrilla urbana; pues el alto grado de violencia perpetrado con acciones basadas en estrategias bélicas, no deja un margen de duda.
Por lo demás, de ahora en adelante corresponde al Gobierno garantizar la paz social, comenzando por cumplir los compromisos asumidos con el sector indígena. Está llamado a dar un giro radical a su gestión. Es oportuno exigirlo.
