La rebaja del precio del diésel y de las gasolinas extra y ecopaís, significa un subsidio adicional de $340 millones al año.
El subsidio total de los combustibles, incluido el del gas de uso doméstico, es de $3.350 millones en ese mismo lapso.
Interpretando las conclusiones de analistas económicos, Ecuador es el país de las contradicciones. Mientras aquel es el monto subsidiado a los combustibles, el Estado destina $2.600 millones para la salud y $3.400 millones para educación.
Es decir, invierte más en “alimentar a los vehículos”, no así para salud y educación. Algo más contundente: esos subsidios favorecen a los más pudientes, sin descuidar los otros beneficiarios: el contrabando y el narcotráfico, a más del daño ambiental.
El objetivo es focalizar los subsidios a favor de los sectores más necesitados. Esta es una tarea siempre pendiente. Por donde se lo mire, difícil, a lo mejor no tanto en diseñarlo, pero sí de aplicarlo, sabiendo la reinante “viveza criolla”.
El alza de los precios de la mayoría de productos es otra causante del malestar social, agudizado en los últimos meses.
En una economía basada en la libre oferta y demanda, el control de precios casi es imposible. La cadena de intermediación, gemela de la especulación, todo lo encarece. El directo afectado es el productor. Añádase el apetito voraz por ganar más, sin importar incluso la precariedad económica del consumidor. Cunde la insolidaridad.
En el país hace falta una política agraria encaminada a evitar esa cadena. Si quienes fraguan revueltas promovieran proyectos en ese sentido, otro fuera el destino de nuestra ruralidad.
El actual Gobierno hace esfuerzos por atraer grandes inversiones, sobre todo, extranjeras. Acabamos de vivir 18 días de violencia cuyos efectos traspasaron fronteras. ¿Alguien querrá arriesgar sus capitales en un país donde se conspira, donde la corrupción tiene sus propios movimientos políticos, donde se está a merced de grupos sociales, capaces de imponerse si es posible a la fuerza sino se atienden sus reclamos? (O)
