El Gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas se reunirán el próximo 7 de julio de 2022, en Quito, para definir la hoja de ruta de los diálogos, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada, que puso fin a las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida.
Así lo confirmó este martes la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en un comunicado, en el que puntualizó que en la cita del jueves se determinará la metodología de trabajo, se establecerán los temas a tratar y se definirá una hoja de ruta con los pasos a seguir durante los 90 días establecidos en el acuerdo.
La reunión se realizará en la sede de la CEE, el 7 de julio, a las 09.00 hora local (14.00 GMT), precisa la Conferencia en el escrito.
«Confiamos que este proceso de diálogo, discernimiento y toma de decisiones nos ayude a construir juntos un Ecuador de fraternidad, justicia, equidad», finaliza el comunicado suscrito por la Secretaría General de la CEE.
Un día después del 30 de junio, cuando se firmó el «Acta por la paz» que permitió terminar con 18 días consecutivos de movilizaciones, el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso comenzó a poner en práctica lo acordado.
Las primeras acciones de Lasso fueron concretar el pasado viernes los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera.
Así, el mandatario conservador redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora pasarán a costar 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).
Las organizaciones indígenas y campesinas que promovieron las protestas aceptaron finalmente esta rebaja pese a que su demanda era desde un inicio que se rebajasen a 2,10 y 1,50 dólares, respectivamente, precios que tenían estos combustibles un año atrás.
Lasso también cumplió el viernes con derogar el decreto 95 que promovía la actividad petrolera, una de las principales exigencias del movimiento indígena.
Otra de las demandas neurálgicas de indígenas y campesinos era la derogatoria del decreto 151 sobre minería, pero aceptaron que el Gobierno se comprometa a reformarlo para que no haya más concesiones mineras en reservas naturales, territorios indígenas, zonas arqueológicas y territorios ancestrales de pueblo indígenas.
TRES MESES DE DIÁLOGOS
Durante los próximos tres meses también se deberá instalar una mesa entre el Gobierno y el movimiento indígena y campesino para tratar el resto de puntos del pliego de la demanda, como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 10.000 dólares.
Asimismo, otra de las demandas que motivaron las protestas era la no privatización de empresas estatales.
En las protestas que comenzaron el lunes 13 de junio fallecieron 6 personas y alrededor de 500 resultaron heridas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Las manifestaciones se caracterizaron por el corte de carreteras y bloqueos de vías, pero también se registraron hechos violentos como la quema de unidades de policía y el ataque a dos convoyes de militares que custodiaban el transporte de combustible en la Amazonía y que abrían el paso para facilitar el abastecimiento de productos a la capital ecuatoriana. EFE
