El proyecto de tomarse el control de la Asamblea Nacional sigue en firme. Comenzó con la destitución de su presidenta Guadalupe Llori.
La comisión pluripartidista ad-hoc, formada para el caso, y solo con mujeres, recomienda destituir a la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní.
La decisión la tomará el Pleno de la Asamblea. Aquí, por el momento, están seguros los votos del correísmo, del socialcristianismo y de los autollamados “rebeldes”.
Guamaní fue acusada de “incumplimiento de funciones”, una figura jurídica muy de moda para enjuiciar políticamente a ministros de Estado y a los asambleístas.
Ella, en uso de sus derechos como legisladora, mocionó la necesidad de presentar ante la Corte Constitucional una acción de interpretación sobre los alcances de los proyectos de derogatoria de las reformas tributarias.
Estas reformas están vigentes, apoyadas por el “silencio” del correísmo. Ahora busca la derogatoria, si bien nunca le explicó al país la razón de tan curioso comportamiento.
Para la denunciante Jhahaira Urresta, con su moción Guamaní quería dilatar el tratamiento de los proyectos encaminados a lograr esa derogatoria.
La para nada -como se ha dicho- imparcial ni pluripartidista comisión aprobó su informe, cuya votación favorable implicará la destitución de Guamaní.
Sus argumentos no tuvieron eco. Peor los esgrimidos por los delegados de la Defensoría del Pueblo. Estos, más bien, habrían sido amenazados si presentan un informe favorable con las violaciones al debido proceso, comenzado por la falta de imparcialidad.
Para Yeseña Guamaní, “la primera y segunda vicepresidencia de la Asamblea son parte del acuerdo de la nueva mayoría”.
Esta nueva mayoría ya puso en la presidencia a Virgilio Saquicela. Le falta nombrar a su reemplazo; igual al de Guamaní si la destituye.
Según quienes sean los reemplazantes, se sabrá si se cumple o no el vaticino de Guamaní; es decir, el “reparto de la troncha”.
