Dos realidades de la vida nacional deben ser asimiladas en su real dimensión para evitar soluciones barnizadas.
Excepto algunos partidarios del facilismo y la mediocridad, la mayoría ha entendido el trasfondo de haber eliminado el examen Transformar, implementado por la Senescyt para asignar cupos a las universidades públicas.
No implica incrementar cupos; peor el libre ingreso. Lo primero es imposible si no hay mayor presupuesto. Lo segundo ya resulta arcaico.
Queda en manos de cada universidad desarrollar su propio modelo de admisión, de acuerdo a su realidad financiera, académica y de infraestructura.
Sin embargo, el Gobierno no ha dicho cómo mejorar la calidad educativa. He allí el meollo del asunto. Las brechas son visibles. Se quiera o no aceptar, una cosa es la enseñanza en las áreas rurales; otra, muy distinta, en las ciudades. Obvio, tampoco es para generalizar.
No es discriminar. Si la hay, la culpa radica en el Estado. Y esa gran diferencia nace desde la escuela y se extiende al colegio. Vale recordar: aún hay escuelas unidocentes, comunidades rurales donde los alumnos caminan dos, tres horas para llegar a sus planteles; ni hablar del servicio de internet.
Imposible, entonces, una calidad educativa homogénea, con un norte definido para dar la misma oportunidad a todos.
La otra realidad: la desnutrición crónica infantil. Según el Gobierno, el 30 % de la niñez (menores a 2 años de edad), sobre todo del área rural, la padece. Ecuador es el segundo país, después de Guatemala, en mostrar tan criticable porcentaje.
Se trata de un problema de salud pública. Y así lo ha entendido el Gobierno. Ha destinado $ 330 millones para enfrentarlo. La niñez criada bajo esas condiciones está abocada a un bajo crecimiento físico e intelectual, entre otras nocivas consecuencias.
No estará demás una campaña comunicacional. Los beneficiarios necesitan conocer a fondo el programa gubernamental; y, como parte de ella, información sobre la correcta nutrición.
