En el país suman casi 400 reos asesinados en centros penitenciarios desde inicios del 2021.
En 45 partes fueron encontrados los 12 detenidos que el pasado lunes fueron asesinados en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, así lo informó Patricio Carrillo, ministro del Interior, quien advirtió que la situación de los cuerpos dificultará el proceso de identificación, en el cual trabajan antropólogos forenses y médicos legistas.
¿Quiénes son los responsables de este nuevo hecho? Los autores, según Carrillo, son integrantes la nueva banda que opera en el país y en las cárceles: los R7 que, junto con Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers son parte de las fracciones que se separaron de Los Choneros después de la muerte de su líder, Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña.
Como ya se ha señalado en otras ocasiones, el móvil de los asesinatos es la pugna por el poder y por los negocios ilícitos que operan dentro los centros de detención y fuera de estos: narcotráfico, extorsión, sicariato, entre otros.
¿Quiénes fueron las víctimas? La banda atacada no ha sido identificada por las autoridades con un nombre específico, sin embargo, Jorge Flores, director subrogante del SNAI, señaló que eran liderados por alias “Goyo”, quien fue una de las víctimas, y tienen una característica común, la mayoría eran venezolanos.
Precisamente basados en la nacionalidad de los detenidos y en un tatuaje que poseían quienes fueron asesinados, ayer a primera hora la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación de la SNAI, trasladaron a otros centros penitenciarios a 15 presos que coincidían con las marcas y las características de las víctimas, como medida para precautelar su vida.
Requisas
Una vez que las autoridades retomaron el control del centro penitenciario, se realizaron requisas en las que se pudo constatar la existencia de huecos de gran magnitud que los victimarios habrían realizado en los pabellones para llegar a las personas atacadas, los cuales ayer fueron rellenados.
Según explicó Geovanny Ponce, director de Operaciones de la Policía Nacional, también se encontró un fusil, una pistola, un cargador, 18 cartuchos calibre 12, 50 armas cortopunzantes, 17 paquetes de cigarrillos, 221 envolturas de cocaína y 14 celulares.
Mientras que, una vez que se pasó listado a los detenidos, se pudo constatar que siete reos fugaron del lugar y las autoridades señalaron que no han podido ubicarlos.
Desde el pasado 9 de mayo, cuando se produjo una masacre similar en el mismo lugar, en la que fueron asesinadas 44 personas, se había redoblado la seguridad para evitar el ingreso de objetos prohibidos, sin embargo, según el director del SNAI, los reos buscan formas de evadir los controles, las últimas investigaciones advierten sobre el uso de drones para el ingreso de armas y droga; e incluso se ha constatado que el armamento ingresa por partes.
“Las armas entran por piezas, puede llevar varios meses ingresarlas, y ensamblarlas lleva semanas. ¿Quién las ingresa? Podrían ser funcionarios de la SNAI; policías, personas que prestan servicios al interior de la cárcel, cualquier persona podría ser, no podemos señalar a nadie en particular”, afirmó Flores.
Urge proyecto de Política Criminal
Para María del Mar Gallegos, criminóloga, penalista y docente de la Universidad de las Américas (UDLA), el error que se ha cometido en el manejo de las crisis penitenciarias, que en último año suman casi 400 asesinatos, es el manejo punitivo del tema, empezando por quienes están a la cabeza, tanto el ministro como quien maneja la SNAI son expolicías, que no entienden el enfoque social del problema.
Para la experta, es necesario que en el país se establezca un Consejo de Política Criminal, en el que participe la academia y todos los involucrados y que trabajen en un proyecto Nacional de Política Criminal, que empiece por brindar a los detenidos un espacio seguro para cumplir sus penas.
Mario Carrillo, exdirector de la cárcel de Latacunga, coincide en que el trabajo debe empezar dotando de la infraestructura adecuada para garantizar la vida de los detenidos, es necesaria la adquisición de escáner, cámaras de videovigilancia y la contratación de más personal; pero, ante todo, se debe mejorar el uso del ocio de los detenidos.
“Yo llegué a Latacunga después de la primera masacre y ocupamos al 50 % de los detenidos en el eje educativo, el resto se involucró en deportes, cultura, en lo social, la violencia bajó considerablemente; también propusimos que sean empleados como mano de obra barata para los municipios y las empresas, en esto debemos involucrarnos todos”, afirmó Carrillo.
APOYO
376 detenidos han sido asesinados en siete masacres que se han producido en los centros penitenciarios del país, desde febrero del 2021. (ASM)-(I)
