En Venezuela se registraron 214 ataques e incidentes de seguridad contra activistas de derechos humanos durante los primeros seis meses de 2022, informó este lunes 25 de julio de 2022 la ONG local Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Entre enero y junio de 2022 se registraron 214 nuevos hechos que comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo que representa una disminución de 43 % en relación al mismo período en el año 2021 cuando se registraron 374 situaciones», detalló la organización en su reporte semestral.
Al respecto, la directora del CDJ, Marianna Romero, explicó que, si bien se registró una disminución en el número de casos, en su estudio han podido notar un «perfeccionamiento» en las políticas de criminalización y un alto nivel de riesgos para quienes defienden los derechos humanos.
«Destacamos que el nivel de riesgo se mantiene alto y que, si bien hay una disminución en el numero específico de este tipo de agresiones, lo que hemos visto es un perfeccionamiento de esta política de criminalización y cómo los ataques que se han venido empleando tienen un efecto de neutralizar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil de Venezuela», subrayó.
Entre enero y junio pasado se dieron 146 estigmatizaciones contra defensores, 45 hechos de hostigamiento, 14 amenazas, 2 judicializaciones, 2 ataques digitales y otros 5 hechos no identificados, siempre según el informe.
De acuerdo con la ONG, las cifras muestran «cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos».
Ante los hechos, el CDJ alertó que «reforzar» el ideario de que «quienes defienden, denuncian y exigen derechos humanos son enemigos internos del Estado, resulta peligroso», pues puede afectar la integridad y libertad de los activistas.
«Mientras avancen normas, leyes o mecanismos para controlar y restringir el espacio cívico, la situación seguirá empeorando», añadió Romero.
La ONG exhortó al Estado venezolano al cese de la criminalización y a la derogación de normas que vayan en contra de los estándares internacionales o que limiten la actuación de la sociedad civil. EFE
