Espeluzna conocer sobre la presunta venta de cargos públicos, una práctica corrupta de larga data en el país.
La semana anterior, por medio de un operativo liderado por Fiscalía y la Policía Nacional se allanaron domicilios de posibles implicados en esa trama, entre ellos el de un exconsejero de Gobierno ad honorem en asuntos bananeros.
Se detuvo a ocho personas. Contra ellas, la Fiscalía presentó pruebas por asociación ilícita para tráfico de influencias. Tras la audiencia, el juez les ha permitido defenderse en libertad, menos salir del país.
El Gobierno niega estar vinculado. Colaborará en las investigaciones. No permitirá se enlode su lucha contra la corrupción.
Sin embargo, los senderos de la administración pública son intrincados. Puede haber buenas intenciones, pero no faltan los avivatos de siempre, los intereses ocultos, la compra de conciencias, pagos con dinero a cambio de favores, entre otras trapacerías.
El caso comentado refiere, entre otros, al sector aduanero, uno los más codiciados cuando hay cambio de Gobierno. Sobornando con tres millones de dólares pretendían tomarse la jefatura de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones del Servicio Nacional de Aduanas (Senae).
Algo inaceptable de creer para el común de los ecuatorianos cuya situación económica sigue de mal en peor.
Según la investigación, aquel monto sería financiado por los exportadores a cambio de cobrar favores en un futuro cercano.
En otros entes públicos se habría colaborado para dar cargos valiéndose de ciudadanos reconocidos e influyentes en el campo político y social.
Fiscalía presentó como pruebas, entre otras, “un informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones y fotografías, efectuadas con las respectivas autorizaciones judiciales”.
El Gobierno debe alentar y abrirse a las investigaciones; y a la Justicia, aplicar la ley.
La impunidad ojalá esta vez no se la regla. Sería desalentador.
