Entre los 18 procesados están los ex ministros de Defensa, Javier Ponce y Wellington Sandoval.
A cuatro meses de que se difirió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la adquisición de siete helicópteros Dhruv, Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), instaló ayer la diligencia.
Entre los 18 procesados en esta causa están los exministros de Defensa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Rodrigo Bohórquez, entre otros.
La Fiscalía General del Estado (FGE) los acusa del delito de supuesto fraude en la compra de las aeronaves adquiridas a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL), durante el gobierno del expresidente Rafael Correa por un monto superior a los 45 millones de dólares.
El artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente señala que de haberse perpetrado el supuesto ilícito, se establece una pena de ocho a 12 años de cárcel por el delito de peculado. Esa misma norma impone una pena de hasta 16 años de prisión “si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”.
Una vez que Luis Rivera, juez ponente de la CNJ, escuche el dictamen de la Fiscalía, las defensas técnicas de los procesados expondrán sus argumentos. Culminada esta fase, el juez tiene tres alternativas: dar paso a las nulidades que se puedan plantear en el proceso, emitir un auto de sobreseimiento, o llamar a juicio.
El caso se remonta al 5 de agosto del 2008 cuando el Ministerio de Defensa, la FAE y la entonces Junta de Defensa Nacional adquirieron los helicópteros. Cuatro de las aeronaves se accidentaron. Para Jorge Luis Ortega, parte de la defensa técnica de los procesados, las evidencias de Fiscalía no serían “suficientes, claras ni precisas”.
Denuncia
El 29 de diciembre de 2022 se cumplirán doce años de la muerte del general Jorge Gabela, excomandante de la FAE, quien en 2010 denunció presuntas irregularidades en la adquisición de los helicópteros. Gabela sufrió u atentado el 19 de diciembre de 2010 fuera de su casa, en Guayaquil, y murió el 29 de diciembre de ese año.
El 19 de junio de 2018, el perito Roberto Meza desvirtuó en el Ecuador, que la muerte del oficial haya sido producto de delincuencia común. Patricia Gabela, viuda del militar, aseguró que hay avances en las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte del oficial. Opinó que las investigaciones han sido lentas, pero a partir de 2018 y 2019 hubo avances cuando el entonces fiscal Paúl Pérez reabrió el caso en el marco de la Comisión de la Verdad.
Indagación previa inició en 2009
En el 2009, el entonces legislador Fausto Cobo presentó una denuncia por la adquisición de esas aeronaves. En ese mismo año, la Fiscalía abrió una indagación previa. Siete años después, el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, desestimó la investigación y el 14 de abril de 2016 solicitó a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el archivo de la denuncia.
En ese momento aseguró que no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de responsabilidad penal (IRP) de Contraloría para iniciar el señalamiento por peculado. El requisito del IRP fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019. Ese fue el argumento que utilizó la actual fiscal general, Diana Salazar, para pedir que se reabra el caso el 23 de diciembre del 2020. (I)
