Regulación y comunicación

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Existe un criterio generalizado sobre la necesidad de regular el ejercicio de la comunicación en el Ecuador.  En donde no hay consenso es en cuánta regulación, de qué tipo y bajo qué enfoque.  

La escasa discusión en la Asamblea  ha girado sobre las recomendaciones internacionales que sugieren mínima regulación y protección a la libertad de expresión, ideas que encuentran eco en los gestores de la comunicación; sin embargo para un importante sector en donde se encuentra el académico y la comunicación comunitaria, la regulación requiere incorporar mayor contenido en derechos y un enfoque hacia el acceso democrático a la comunicación que ha sido recogido en el informe de minoría y que fue aprobado por el Legislativo.

La propuesta enviada al Ejecutivo incluye artículos que promueven la protección de derechos en el ejercicio periodístico, las responsabilidades en cesura previa, que se extienden a autoridades, accionistas o anunciantes y -quizá lo  más polémico- se exige que la responsabilidad ulterior a los medios de comunicación se pueda ejecutar en el ámbito “de las acciones civiles o de otra índole”, e instala la responsabilidad de ejecución en la Defensoría del Pueblo.

Los conceptos sobre medios públicos, públicos oficiales, y medios comunitarios, son revisados en el Proyecto de Ley,  sin embargo no se aborda con firmeza el problema de su dependencia editorial de la voluntad gubernamental que sigue siendo evidente.  Si bien hay artículos dedicados a la protección del ejercicio de los periodistas, sobre todo en contextos de mayor riesgo a su seguridad, lo cual ha sido calificado como positivo, también existe la declaración de que el Estado deba garantizar el derecho a la verdad, prohibiendo la difusión de toda información falsa y dispone, nuevamente, a la Defensoría del Pueblo como el espacio a acudir cuando se considera que este mandato ha sido afectado. 

Tanto en la decisión sobre información falsa, como en el cumplimiento de rectificación o réplica, la preocupación de un amplio sector de la sociedad está en quién dirá qué es verdad y qué no.  La objetividad e independencia son utopías en el ejercicio periodístico, porque sirven para construir ese camino.  La verdad es un constructo en el que la sociedad tendrá diversidad de opiniones sobre su contenido.  En ese contexto el peligro es volver a la exagerada y sesgada regulación que el país vivió con la “SuperCom”, así las sanciones sean cursos de capacitación.  Ese camino no se puede volver a recorrer.

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