No deja de sorprender, o acaso ya no lo es, el turbio manejo de la función pública, una de las tantas manifestaciones de la corrupción en el país.
Si bien el caso a comentar está en fase de investigación, su trasfondo, político inclusive, es preocupante. Lo habrían cometido autoridades de elección popular y en instituciones llamadas a resolver los problemas de sus comunidades.
La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron una treintena de allanamientos en Cotopaxi. Se detuvo a nueve personas, entre ellas al prefecto de esa provincia, Jorge Guamán, uno de los líderes indígenas con amplia trayectoria y activismo político.
El prefecto, por decisión judicial, se defenderá en libertad, si bien con algunas restricciones.
Los detenidos son acusados por la Fiscalía de delitos como: tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, concusión y delincuencia organizada.
El denominador común de tales delitos incluiría la adjudicación de contratos “a dedo” y el cobro de dinero a cambio de cargos públicos.
Según información de la Policía, desde 2014 opera una “estructura delictiva conformada por funcionarios públicos, familiares, empresarios y amigos”, liderada por el prefecto y el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, coideario de aquél.
Si bien se presume la inocencia de los involucrados, la Fiscalía acopió las pruebas necesarias para actuar como lo ha hecho. Los jueces tendrán la última palabra si son llamados a juicio.
Nadie está por encima de la ley. Tampoco sirven las elucubraciones, peor de pensar a priori.
La acción judicial ocurre cuando el Gobierno y la Conaie dialogan sobre los diez puntos propuestos por la organización indígena.
Ojalá no se trate de mezclar las cosas. Hablar de “motivos políticos” o de “persecución política” es hilar fino. Nadie es tan inmaculado como se cree, ni corrupto como se lo endilga.
La justicia debe seguir su curso, y aplicársela con todo el rigor de haber las razones suficientes.
