Asambleísta de UNES cree que fue anticipado el anuncio presidencial de que vetará reformas.
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Desde el pasado 25 de julio empezó a correr el plazo de 30 días que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre un veto total o parcial de la Ley de Comunicación.
En el paquete de reformas, aprobada por el bloque de la Unión por la Esperanza (UNES) en la Asamblea y sus aliados del movimiento Pachakutik, la Izquierda Democrática y varios independientes el 21 de julio, se suprime la opinión, se declara que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos “por lo que queda prohibida la difusión de toda información falsa”.
En el texto también se incluye el tema de frecuencias en el espectro radioeléctrico, e incorpora la Defensoría del Pueblo como ente sancionador.
Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios, calificó a la propuesta como “ley mordaza” y especificó que la disposición que busca eliminar la opinión contradice el texto constitucional que habla de que la opinión de las personas será respetada y no podrán ser juzgadas por emitir criterio. Agregó que la opinión es la libre expresión de los pensamientos por lo que tratar de impedirla borra cualquier consideración de los derechos que según esta ley dice defender.
Frecuencias
En el proyecto se mantiene el 33 % para las frecuencias privadas, el 33 % para las frecuencias públicas, y el 34 % para los medios.
Roberto Manciatti, presidente de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA), detalló que, en Quito existen nueve frecuencias matrices en el espectro de FM, e igual número de frecuencias públicas, pero en Guayaquil hay cero frecuencias. En Tungurahua, hay dos frecuencias; en El Oro, dos; en Manabí, cuatro frecuencias; y en Azuay, cuatro. “¿Entonces, como se va a plantear o manejar el porcentaje de frecuencias en el espectro radioeléctrico para radio y televisión?, cuestionó.
Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, defendió el proyecto, e invitó a los gremios a revisar de manera exhaustiva el texto. “Si se revisan los artículos, no hay ninguna mordaza a los medios, lo que sí, por supuesto, una cosa es informar y otra es utilizar un medio de comunicación para emitir noticias no contrastadas”.
Dijo que incluso eso puede caer en la comisión de delitos que no están contemplados en esta ley, sino en el Código Orgánico Integral Penal, como la calumnia.
Ante la posibilidad de un veto del Ejecutivo a la ley como lo anticipó Guillermo Lasso, presidente de la República, el asambleísta azuayo señaló que su pronunciamiento fue apresurado a sabiendas de que él (Lasso) fue el proponente de la iniciativa.
“Si él propone un proyecto de ley, y la Asamblea se ha pasado ocho meses debatiéndose y recogiendo aportes de diferentes sectores, me parece que es un contrasentido que el presidente anuncie un veto”, agregó Lloret. (SCC)-(I)
