En la institucionalidad del país predomina la precariedad, inestabilidad, irregularidad funcional, ilegalidad e irrespeto a los derechos. La Asamblea Nacional es reflejo de esta situación donde han desfilado diversas mayorías parlamentarias.
En efecto, una mayoría inicial se conformó entre el partido de gobierno (CREO), Pachakutik (PK), la ID e independientes, luego una mayoría constituida por gobiernistas y correistas (UNES) aprobó la ley que permite legitimar dineros mantenidos en el exterior con una simple declaración tributaria, otra mayoría otorgó la amnistía política, posteriormente una mayoría integrada por UNES, algunos de PK e independientes, trató de destituir al Presidente de la República y ahora existe una nueva mayoría compuesta por UNES, PSC, los llamados rebeldes de PK y varios independientes.
Las mayorías parlamentarias, per se, no son ni buenas por estar al servicio del gobierno ni malas por identificarse con la oposición. Todo depende de los intereses que defiendan, los fines que persiguen, la calidad y transparencia de sus actuaciones.
Para conformar esta última mayoría, los partidos y grupos de asambleístas confluyeron en base a coincidencias coyunturales, pero también con objetivos específicos como tratar de liberar a sus líderes de la acción de la justicia, respaldo para cierta agenda legislativa, lograr mayores cuotas de poder para negociar intereses económicos, blindaje político o simplemente alcanzar canonjías del poder.
Toda esta movilidad y acomodos políticos, como los comodines de naipe, son producto de la descomposición ideológica, orgánica y política de los partidos y la consecuente dispersión y personalismo político que llevan a que los intereses particulares se transen en el mercado político y que algunos asambleístas deambulen negociando sus prebendas dejando al lado los problemas trascendentales del país.
La Asamblea Nacional y el gobierno deben rectificar su conducta. La Asamblea debe legislar para el bienestar colectivo como es aprobar el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria (COSAL), la nueva ley de recursos hídricos y la ley de consulta previa. El gobierno debe cumplir a cabalidad el diálogo con los indígenas y olvidarse de la explotación minera en zonas de recarga hídrica. (O)
