El Gobierno de Ecuador hará las gestiones para que un relator especial de las Naciones Unidas participe en las mesas de diálogo que mantiene con el movimiento indígena y campesino, donde abordan el pliego de demandas que motivó las protestas de junio.
Este fue uno de los acuerdos alcanzados este miércoles entre ambas partes en una reunión donde hicieron una valoración de las tres primeras semanas de trabajo, en las que apenas se ha podido concluir el trabajo de una de las diez mesas previstas, mientras que faltan por establecerse siete.
Ante esta situación, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, manifestó el martes su preocupación, al expresar que al ritmo actual no ve posible culminar la tarea en los 90 días fijados en el «acta por la paz» que permitió cesar las movilizaciones.
Así, en la reunión de este miércoles se acordó acelerar el trabajo, siempre con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), cuyo presidente, Luis Cabrera, afirmó que este proceso es un hecho histórico e inédito en Latinoamérica.
“Es la primera vez que los representantes del Ejecutivo construyen un camino de acercamiento con honestidad y transparencia”, señaló Cabrera.
El Ministerio de Gobierno anunció en un comunicado que se acordaron cuatro ajustes en la metodología del diálogo, entre ellas las gestiones para que participe un relator especial de la ONU y que el número de reuniones por mesa seguirá siendo de un máximo de cinco, «pero de forma alternada»:
Asimismo, el Ejecutivo gestionará una propuesta de seguimiento de los acuerdos para ejecutarlos, y ambas partes enviarán información antes de la reunión inicial de cada mesa, para luego pasar a un espacio de dos días de análisis.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, recalcó que las mesas promueven acciones gubernamentales en beneficio de diferentes sectores de la población.
“El Gobierno encuentra en los diálogos un mecanismo legítimo y democrático para conectar directamente con las necesidades de 18 millones de ecuatorianos», aseveró.
Las protestas desarrolladas entre el 13 y 30 de junio se saldaron con seis fallecidos, entre ellos cinco manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos, y un militar, además de alrededor de 500 heridos entre protestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.
Las movilizaciones se levantaron después de que el Gobierno aceptara reducir el precio de los combustibles subsidiados en 15 centavos de dólar por galón (3,78 litros), pese a que los indígenas reclamaban una rebaja de 40 centavos, y en la derogatoria de un decreto que promovía la actividad petrolera, especialmente en la Amazonía.
Durante las casi tres semanas de protestas, el Ejecutivo también tomó otras medidas como el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para familias vulnerables, el subsidio del 50 % de la urea para la agricultura y la duplicación del presupuesto para la educación intercultural. EFE
