El crimen organizado, los carteles de la droga, y aun la más incipiente delincuencia, deben aplaudir el proceder y las declaraciones de ciertas autoridades.
Tras el condenable acto terrorista perpetrado en Guayaquil, causante de la muerte de cinco personas y de una veintena de heridos, la alcaldesa de esta ciudad, candidata a la reelección, trata de endosar toda la culpa al Gobierno Nacional.
Claro, al Estado le corresponde velar por la seguridad de los ecuatorianos. Tiene el uso de la fuerza, y no por tenerla puede aplicarla como algunos lo quisieran.
Las bandas criminales enfrentan al Estado. Lo hacen no solo en sus territorios; también en los tribunales de justicia, a donde acuden en pos de acciones constitucionales, de hábeas corpus, cuando no de salir libres tan pronto son detenidas por la Policía Nacional.
Quien duda de si, a lo mejor, están protegidas por políticos, cuyas campañas electorales financian. Tienen, y lo han demostrado, tanto poder como para poner al Estado contra la pared.
El país, impávido mira cómo el accionar delictivo llega a extremos de cometer actos terroristas para amedrentar a la población si no acepta sus chantajes.
Según reportajes periodísticos, incluso recluta a niños para enrolarlos a sus filas. Lo hace en zonas empobrecidas, donde el Estado no llega jamás.
El Gobierno vuelve a declarar el estado de excepción en Guayaquil, donde han ocurrido casi 60 actos de terrorismo, ligados a la delincuencia. Las causas son las mismas; igual los objetivos. Estos últimos no han sido tan efectivos, si bien debe reconocerse la complejidad del problema.
Pero las declaraciones de la alcaldesa no contribuyen para sumar estrategias tendientes a frenar la ola criminal.
Envía, sin quererlo, un mensaje a la delincuencia: esta tiene a su frente un “gobierno esclavizado”.
En momentos de zozobra no convienen tales altisonancias ni rabietas, cuando el objetivo nacional debe ser la unión férrea entre todas las autoridades para luchar contra un enemigo común.
