La decisión de la mayoría de asambleístas para posesionar al Superintendente de Bancos sin tomar en cuenta la resolución de una juez es otra muestra de la ya abierta pugna de poderes.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó a Raúl González para ese cargo. Fue el último de la terna enviada por el Ejecutivo. Como el país lo sabe, le pusieron como “relleno”, posiblemente sin conocimiento del presidente Guillermo Lasso, cuyos asesores le metieron en tremendo embrollo político.
Por tener conflicto de intereses, el ungido fue objeto de un recurso de acción constitucional. La juez encontró razones de fondo e invalidó la designación. Además, pidió al presidente Lasso enviar una nueva terna al Cpccs. Ya lo hizo.
La resolución de la juez, de obligatorio cumplimiento, fue apelada ante la instancia correspondiente. Está en trámite.
Sin saber cuál será el resultado de la apelación, la mayoría de la Asamblea “posesionó” a dicho profesional, arrogándose funciones, sobretodo violentando la Constitución, según lo advierten varios analistas.
Los argumentos para hacerlo no dicen mucho o casi nada; pues reflejan no el conocimiento de la ley sino el prurito político de la camorra, del afán de torpedear todo, simplemente de “salirse con la suya”.
Quien designa autoridades, en este caso al Superintendente de Bancos, es el Cpccs. Y en eso está. A la Asamblea solo le compete posesionarlo. ¿A quién posesionó entonces?
Para impedir el ingreso de González, el Gobierno rodeó con la fuerza pública los edificios de la Superintendencia, previniéndole no tomar ninguna acción si no quiere ser demandado por arrogarse funciones. Él también lo ha hecho.
La nueva mayoría legislativa pretende arremeter con todo. Está en marcha la derogatoria de la Ley Tributaria, mientras aprueba otras, como la de Comunicación, para inculcar libertades, en tanto sus otros operadores, en distintos espacios, advierten, amenazan, boicotean y aprovechan la fragilidad del Gobierno, sus yerros y la posible corrupción en mandos medios.
