Algo no cuadra en el combate contra el crimen organizado, cuyos métodos crueles tienen en vilo a más de medio Ecuador.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, expresa una verdad innegable: la Policía Nacional libra un “combate asimétrico” con la delincuencia, sobretodo la relacionada al narcotráfico. Y al hablar del narcotráfico hablamos de “cosas mayores” en el mundo del delito, en este caso transnacional.
Mientras los delincuentes se proveen en el mercado negro de armas sofisticadas, acuden a métodos terroristas y hasta tienen su propio aparataje de inteligencia, la Policía sufre carencias de lo más elemental para enfrentarlos.
Vale una comparación: mientras la narcodelincuencia viaja en autopistas, la Policía va en caminos de segundo orden.
Para el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, la declaratoria de emergencia debe generarse en las necesidades, en este caso de la fuerza pública.
Según el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, la institución requiere de chalecos, uniformes, armamento, entre otros implementos para cumplir su deber tal como lo demanda la ciudadanía, presa de la inseguridad y ya en estado de pánico.
Por el procedimiento normal de compra, los materiales solicitados llegarán a finales de 2022. Y eso sin contar con la urgencia de renovar su parque automotor.
Salinas aboga por la vía más expedita y rápida para hacer tales adquisiciones. Ojalá sea en 2023, expresa.
¿Las necesidades urgentes de la Policía no ameritan la declaratoria de emergencia? ¿Cómo entender este desajuste? El Gobierno tiene la palabra.
En medio de esas incongruencias, el Régimen anuncia una consulta popular cuyos temas están ya definidos, entre ellos los relacionados a la seguridad.
A la luz de la realidad habrá sopesado los riesgos de embarcarse en semejante proyecto, más si la aprobación de la gestión presidencial es pobrísima.
Los ecuatorianos, según encuestas, están desencantados de todo. Su principal preocupación es la inseguridad, en cuyo combate la Policía va con la una mano atrás.