El Gobierno toma decisiones ante una de sus más difíciles encrucijadas políticas.
Le queda esta última semana de agosto para pronunciarse sobre las reformas a la Ley de Comunicación. Aprobadas por la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, fueron redactadas, en su mayor parte, por el bloque correísta, con apoyo de sus socios coyunturales, no por ello, desde su visión totalitaria y dogmática, menos conculcadores del derecho a la libertad de prensa y de expresión.
Según se informa, por inconstitucional el Ejecutivo vetará parcialmente el proyecto.
No prevé inclinarse por el veto total, como lo pidieron organizaciones y gremios nacionales e internacionales.
Ese tipo de veto le impedirá al Legislativo tratar el proyecto durante un año. Concluido este plazo, los asambleístas bien podrían ratificarse en los textos originales aprobados.
El Gobierno no quiere ese escenario. Por ello el veto parcial se aplicará al 95 % del texto aprobado; además de objeciones por inconstitucionalidad. Estas pasarán a la Corte Constitucional, llamada a velar por respecto a la libertad de expresión, un derecho natural de los ciudadanos, garantizado, además, en los tratados internacionales, de los cuales Ecuador es signatario.
Resta saber si el veto parcial pasará en la Asamblea. El Ejecutivo confía. Ojalá esta vez los legisladores actúen con sensatez, apartándose de tesis goebbelinas, franquistas, inquisidoras, persecutorias, aplicables solo en gobiernos totalitarios, infalibles, aunque tengan ropaje democrático.
De cuándo acá, por ejemplo, el Estado debe proteger la verdad; prohibir la difusión de toda información falsa, tal como lo aprobaron los apóstoles de la turbiedad, de la corrupción y enemigos de la libertad.
En ese escenario improbable, quién califica esa verdad, o determina si es verdadera o falsa. ¿El Estado es el dueño, el sensor de la verdad; el llamado a dar cátedra de moral y de ética?
Semejantes desafueros no los puede permitir el Ecuador democrático. Son horas cruciales para la libertad de expresión.
