El Estado de Ecuador reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que no investigó debidamente unos hechos violentos ocurridos en 2003 y 2006 en la Amazonía en medio del avance de industrias extractivas.
El reconocimiento de la «responsabilidad internacional» por esa falta de investigación fue manifestado por Marcos Miranda, miembro de la Secretaría Jurídica de la Presidencia ecuatoriana, durante una audiencia de la CorteIHD celebrada en Brasilia.
«El Estado lamenta profundamente las muertes» ocurridas en 2003 y 2006 en los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, calculadas en 25 en el primer suceso y 3 en el segundo, y además «reconoce su responsabilidad internacional por la falta de debidas diligencias e investigaciones penales en relación a esos hechos», declaró.
Eso, según Miranda, «impidió establecer los hechos de forma concreta, establecer todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes» sobre esos incidentes, ocurridos en el Parque Nacional Yasuní.
El funcionario aclaró, sin embargo, que es un «reconocimiento parcial» y «se limita exclusivamente» a esos incidentes, que se desataron en medio del avance de industrias madereras y petroleras en tierras ocupadas por pueblos originarios.
Los representantes de los indígenas, que llevaron la demanda a la CorteIDH también contra el avance de la industria petrolera en sus tierras, reconocidas como «zonas intangibles» y protegidas desde el aspecto medioambiental, saludaron ese reconocimiento, aunque lo consideraron «insuficiente».
El abogado Mario Melo sostuvo que ese reconocimiento «es un paso adelante», pero apuntó que «los agentes del Estado ecuatoriano han dejado de abordar un tema fundamental», como «lo es la política de constante ampliación de la política extractiva» en los «territorios ancestrales» de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Sobre ese último punto, Miranda hizo un largo repaso de las medidas adoptadas por el Estado para impedir impactos ambientales, dijo que el Gobierno está dispuesto a «escuchar y mejorar», pero puntualizó que «no es coherente que Ecuador detenga el uso de recursos con respeto a las normas» de protección.
Además de las masacres y la actividad petrolera en territorios preservados, el proceso también incluye el caso de una indígena de un pueblo aislado que fue secuestrada siendo una niña durante otros incidentes en 2013 y llevada a otra comunidad, donde aún permanece.
Los abogados de los indígenas exigieron también establecer la responsabilidad del Estado ecuatoriano en esa situación y que se le permita a Tewe Dayuma Michela Conta regresar a su aldea, algo que no ha podido hacer desde que fue secuestrada.
La directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Ecuador, María Fernanda Álvarez, explicó que la permanencia de Conta en esa comunidad fue objeto de un «acuerdo» y de su inclusión en un programa de testigos protegidos, y dijo además que la «reunificación familiar no depende exclusivamente de una decisión del Estado».
El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, valoró la «actitud del Estado ecuatoriano en cuanto al reconocimiento parcial» de su responsabilidad, instó a las partes a discutir la posibilidad de «abrir algún proceso de negociación» en relación a los asuntos pendientes y ofreció los «buenos oficios» del tribunal con ese fin.
Además, determinó que los representantes de los indígenas y del Estado tendrán un «plazo improrrogable» para presentar sus alegatos finales por escrito hasta el próximo 26 de septiembre. EFE
