La experiencia que Ecuador ha tenido sobre la incidencia de la agenda gubernamental en el contenido noticioso de los medios públicos no nos ha permitido identificar las bondades de contar con medios públicos institucionalizados y fortalecidos por el apoyo de la sociedad a la que prestan el servicio.
Uno de los valores de contar con una Ley de Comunicación es que los medios públicos encuentran el instrumento para su funcionamiento, su autonomía e independencia de agenda así como su rol dentro de la sociedad. Ese enfoque se ha perdido en el Veto entregado por el Ejecutivo, debido a que elimina del Estado la responsabilidad sobre el sostenimiento financiero de los medios públicos con lo que prácticamente dictamina su pérdida.
Las objeciones al desarrollo de medios públicos y comunitarios se hacen desde el Ejecutivo bajo la premisa de procurar un entorno equitativo de competencia para los medios privados. El ánimo del proyecto original era el de seguir caminando hacia la configuración de un sistema de comunicación en tercios: Privado, Público y Comunitario. Más del 90 % de medios registrados en el último censo están bajo la categoría de medios privados y eso a pesar de los casi 10 años de vigencia de la LOC. De manera que el entorno ha seguido siendo favorable al medio privado.
Los medios públicos, bien concebidos y gestionados, son clave para la configuración de una comunicación alejada de las consignas del mercado y sus agendas y de productos comunicacionales que no dependan de los niveles de audiencia sino de la calidad de su contenido. La cultura, la educación, la ciencia y la salud son temas que requieren el estándar del medio público para encontrar una mejor difusión. Dejar de fortalecer el sistema medial público elimina a la sociedad del beneficio de una comunicación más completa e integral. (O)
