La tarde del 11 de junio del 2021 será inolvidable para el policía Wilson Santiago Olmedo, pues ese día, en defensa de un adolescente que era asaltado en las calles de Riobamba, provincia de Chimborazo, disparó su arma en contra de dos delincuentes, acto en el que, según determinó un tribunal, existió “extralimitación de la fuerza”, por lo que fue sentenciado a 13 años de prisión.
En enero pasado, el uniformado ya recibió una primera sentencia en la que también lo hallaron culpable y le impusieron una pena atenuada de tres años y cuatro meses, la cual, fue apelada por Fiscalía, que consiguió que esta se cuadruplicara.
La decisión de sumarle diez años a la sentencia inicial la tomó la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo que, por voto de la mayoría, aceptó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y aumentó la sentencia a 13 años y cuatro meses de cárcel.
Argumento
Según lo expuesto por el fiscal del caso, tras percatarse del ataque al joven, los tres policías que se encontraban por casualidad en el sitio persiguieron a los tres delincuentes, uno de ellos se subió a la moto de su cómplice y fue entonces cuando los dos recibieron más de 12 disparos por la espalda, un asaltante murió inmediatamente y el otro en el hospital.
La Fiscalía presentó un agravante de lo sucedido: ninguno de los delincuentes fueron encontrados con armas de fuego; sin embargo, según se aprecia en los videos que circularon en redes sociales, el adolescente sí fue amenazado por un cuchillo de gran tamaño.
Además, se puntualizó que fueron disparados mientras huían, es decir, que ya no significaban ningún peligro, ni para la víctima del asalto, ni para el policía que disparó, es decir que, Olmedo habría violado el criterio de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.
Por su parte, Hugo Espín, abogado de Olmedo, insistió en que su cliente actuó conforme a derecho y “arriesgando su vida por defender la vida de un menor” y puntualizó que sus acciones fueron en defensa personal y por su misión de defender a la ciudadanía.
Indulto
Como ya lo hizo en enero pasado, el presidente Guillermo Lasso le ratificó su apoyo al policía Santiago Olmedo a quien le garantizó que, una vez que su caso llegue a la instancia final, es decir a casación en la Corte Nacional de Justicia, le otorgará el indulto para que quede en libertad.
Por su parte, Patricio Carrillo, ministro del Interior, señaló que los jueces que tomaron la decisión no valoraron la excepcionalidad de la labor del policía, pues no sale a atacar, ni a matar a nadie, sino que, en defensa de los ciudadanos enfrenta a estas circunstancias; y que, mientras son duros con los uniformados, emiten “sentencias laxas” para narcotraficantes.
Según datos de la Policía Nacional, desde el 2016 hasta la actualidad, 157 uniformados han sido acusados, procesados o sentenciados por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones.
Argumento de Derechos Humanos
Parte del argumento de la Fiscalía se basó en el informe presentado por una experta en Derechos Humanos, que determinó que el policía Santiago Olmedo violó los criterios de necesidad y proporcionalidad, es decir que, al encontrarse de espaldas, los delincuentes ya no significaban una amenaza; y tampoco hubo proporcionalidad entre la fuerza empleada (12 disparos) y el fin buscado, que era detener a los delincuentes.
Para Fernando Robayo, constitucionalista experto en Derechos Humanos, la sentencia en contra de Olmedo se basa en la intencionalidad que tuvo en su accionar, la cual no fue impedir el hecho delictivo, sino matar a los agresores. “El mensaje que hubiera dejado el sistema judicial al no haberle dictado responsabilidad, es que los policías pueden ir disparando a diestra y siniestra por no tener las capacidades para realizar una persecución policial”, señaló el experto. (ASM)-(I)
