Lima (EFE).- El juez peruano Johnny Gómez reprogramó para el domingo la audiencia en la que decidirá sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, dentro de la investigación por presunta organización criminal y lavado de activos.
El magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria tomó esta decisión debido a la intensa carga de casos vinculados a corrupción y después de retrasar el inicio de la audiencia por más de dos horas, según manifestó este viernes a las partes.
Paredes es sospechosa de integrar una organización criminal para adjudicar obras públicas a cambio de dinero en la región de Cajamarca, de donde es oriundo Castillo, según la tesis de la Fiscalía.
En los exteriores de la audiencia, grupos de personas pedían la libertad de Paredes, así como los opositores a Castillo reclamaban la cárcel para la cuñada del mandatario, a la que el presidente crio como una hija.
Durante una audiencia anterior, el fiscal Jorge García mostró libretas incautadas a Paredes con anotaciones de presuntos pagos de dinero a integrantes de la supuesta red criminal, entre los que figuraban la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, como parte de los indicios del delito de organización criminal.
Además, el fiscal afirmó que Paredes escenificó su entrega a la Justicia, un día después de que la Fiscalía llegara al Palacio de Gobierno para detenerla, donde no la hallaron las autoridades.
A raíz de ese operativo en el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado pidió el jueves al inspector general de la Policía Nacional que abra un proceso sancionador contra el coronel de la Policía Harvey Colchado, que participó en el allanamiento y búsqueda de su cuñada, con el fin de que sea castigado con su pase al retiro.
Precisamente, el nombramiento de Colchado en el equipo especial de la Policía, que apoya a la Fiscalía de la Nación en los casos de corrupción de altos funcionarios, provocó el despido del exministro del Interior Mariano González, quien acusó a Castillo de pretender obstaculizar la búsqueda de los implicados en la investigación sobre una presunta red criminal en el Ejecutivo peruano.
El abogado de Castillo también presentó una queja contra el fiscal Hans Aguirre, que realizó el allanamiento en el Palacio de Gobierno, y el juez Raúl Justiniano Romero, que ordenó esa medida, por presuntamente vulnerar la inmunidad presidencial al ingresar en la residencia y las habitaciones del mandatario en búsqueda de Yenifer Paredes. EFE
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