El conflicto desatado por el probable juicio político al Consejo de la Judicatura, por parte de la Asamblea Nacional, denota una vez que los intereses políticos y partidistas por controlar el órgano Judicial del Estado no han cesado, soslayando de esta forma la posibilidad de hacer realidad un elemento clave de toda institucionalidad democrática: la independencia de poderes.
Si durante el régimen correista el poder Judicial (además de otros órganos del poder estatal) fue controlado por el Ejecutivo; y, si durante el régimen morenista la llamada “descorreización” del Estado no implicó una restauración plena de la independencia de poderes, incluida la independencia del poder Judicial; en el marco del actual régimen lassista lo que habría más bien es el intento por hacer que, otra vez, el Ejecutivo controle el poder Judicial y otros órganos del poder público (como el Consejo de Participación Ciudadana, el CNE, la Fiscalía, la Contraloría, etc.).
Específicamente en el caso del poder Judicial se ha hecho evidente la influencia que el Gobierno viene manteniendo sobre el Consejo de la Judicatura y las presiones que, a través de miembros de este Consejo, se han hecho sobre determinados jueces para la obtención de ciertos fallos. Incluso la cuestionada suspensión que el Consejo de la Judicatura hiciera al Presidente de la Corte Nacional de Justica, o el boicot para que un delegado de éste sea el que legalmente presida este Consejo, se enmarcarían en el afán de seguir manejando la Justica con intereses políticos.
Por lo demás, ciertos audios y denuncias sobre sobres presiones a jueces, y sobre posibles repartos de notarías y otros cargos judiciales, que comprometerían miembros del Consejo de la Judicatura, conllevarían la necesidad no sólo de un juicio político, sino también la actuación diligente y oportuna que la Fiscalía suele tener en otros casos.
Pugnar por una Justicia independiente debe ser visto como parte de un proceso para construir un verdadero Estado republicano y con una institucionalidad democrática, pero también como parte de un proceso para introducir la ética en la política. Se tratan de procesos que, lamentablemente, no corresponden a los objetivos de la clase política que hoy predomina en Ecuador. (O)
