Quito.- Luego de hacerse público el oficio con el que el presidente Guillermo Lasso retiró la denuncia en contra de cinco asambleístas de Pachakutik, a los que acusó de solicitarle dinero a cambio de votos, el mandatario, a través de un comunicado, confirmó que había tomado la decisión “en pro de la unidad del país”.
Sin embargo, el documento oficial señala que Lasso pidió el archivo de la causa porque las acusaciones que realizó solo le fueron referidas por terceras personas.
Para el analista político Alfredo Espinoza, la actua ción del presidente merma, aún más, su credibilidad y la de su Gobierno, pues demuestra que no puede mantener su palabra y sustentar sus acusaciones, las cuales, las habría hecho “sin sustento”.
“Demuestra la ausencia de liderazgo, poca valía a la palabra y la ligereza con la que se acusa al calor del momento, sin que exista responsabilidad del principal interlocutor del Estado, si esto ocurre ahí, ya nos podemos imaginar lo que sucede en otras instituciones”, puntualizó el experto.
Además, para Espinoza, detrás de lo actuado parece existir un nuevo acuerdo, esta vez para salvar a los miembros de la Judicatura. “Tras llevarlos al paredón de la justicia, ahora retira lo dicho y con eso se garantiza los votos, ese parece ser el trato”, afirmó.
Según explicó el jurista Pablo Encalada, aunque el presidente haya retirado la denuncia, este hecho no debe quedar en el olvido, pues en delitos de acción pública la Fiscalía tiene la obligación de continuar la investigación e incluso si la archiva, los acusados podrán solicitar al juez que Lasso sea procesado por el delito de acusación maliciosa, sancionado con una pena de seis meses a un año. (ASM)-(I)
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Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada y Cristian Yucailla, asambleístas acusados, no se pronunciaron. Celestino Chumpi anticipó que no demandará al mandatario, pues no tiene los recursos.
