Los vocales son acusados por la destitución de 26 jueces nacionales, efectuada en 2019.
Con 87 votos a favor y 49 abstenciones, ayer en el pleno de la Asamblea se aprobó que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo; los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno; así como quien presidió el organismo hasta febrero de este año, María del Carmen Maldonado, fueran llamados a juicio político.
Los votos provinieron, dentro de lo esperado, del bloque correísta, apoyado de sus aliados del Partido Social Cristiano (PSC); además, aunque habían anticipado que votarían en bloque en contra del llamado a juicio, Pachakutik nuevamente se fraccionó y una parte de sus legisladores se unió a la mayoría.
La decisión recayó en manos del Pleno debido a que en la Comisión de Fiscalización no se consiguieron los votos para aprobar un informe en el que se recomendaba el archivo del caso.
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, anunció que el miércoles o jueves de la próxima semana convocará al Pleno para que la realización del juicio político; la mayoría de oposición contará con este tiempo para sumar voluntades, pues con los 87 votos conseguidos ayer no les alcanzará para destituir y censurar a los vocales de la Judicatura, para lo cual, se requieren 92 votos.
El proceso de juicio político fue solicitado e impulsado por el correísmo, los interpelantes fueron el exasambleísta Fausto Jarrín y la legisladora Viviana Veloz, mientras que ayer la moción para llamarlos a juicio fue presentada por Fernando Cedeño, todos de las filas de UNES.
A los vocales de la Judicatura se les acusa de incumplimiento de funciones por haber evaluado y destituido a jueces de la Corte Nacional y posteriormente llevar adelante un concurso de méritos para reemplazarlos. Los procesos se realizaron en el 2019.
Según los interpelantes, la primera irregularidad detectada en el concurso fue que se contrató un Comité de Expertos que se encargaron de la evaluación, cuando eso era potestad exclusiva de los miembros de la Judicatura.
Además, los asambleístas señalaron que el proceso se realizó a destiempo, pues la ley establece que los magistrados sean evaluados cada tres años; y que los vocales se extralimitaron al establecer un puntaje mínimo de 80 puntos.
La acusación en contra de los integrantes del CJ se basa en que el mencionado concurso fue observado por la Corte Constitucional, que lo calificó como inconstitucional y ordenó que a los jueces destituidos se les restituya el pago de sus salarios, desde el momento de su destitución.
Sin embargo, la defensa de los vocales se basó en que la destitución y nombramiento de jueces se realizó por orden del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el cual se conformó de acuerdo a lo aprobado en la consulta popular del 2018, es decir, con el aval de lo aprobado por el pueblo en las urnas.
Niegan un “reparto” de notarías
En el marco del juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, la asambleísta correísta, Viviana Veloz, denunció la supuesta repartición de notarías por parte de los vocales del organismo, a cambio de los votos que les salven en la Asamblea.
Sin embargo, la Judicatura, a través de un comunicado, puntualizó que la institución no puede designar notarios de forma directa, sino solo a través de un concurso público que, por el momento, no se está desarrollando, por lo tanto, no existen vacantes que se puedan llenar.
“El CJ reitera que en este momento no hay ninguna forma de crear notarías o designar notarios, pues la Contraloría General del Estados recomendó realizar estudios para determinar el número óptimo de notarías. Con esos resultados se determinará la necesidad de convocar a concurso”, se puntualizó desde la institución. (ASM)-(I)
