Desde hace algunos años, no sé cuántos, a esta parte, el “manejar” la administración de justicia en nuestro país se ha vuelto, increíblemente, en un aspecto clave del control del poder. Ya sea, en ocasiones, por afán del gobierno de turno o, en otras, por interés de los grupos políticos, lo cierto es que tener influencia en la designación de jueces, en la estructuración de las cortes, en la designación de los titulares de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura, se ha convertido en el “leitmotiv” de la dirigencia política ecuatoriana.
La historia de las injerencias políticas en la administración de justicia es larga, indignante y vergonzosa, y, claro, tuvo su clímax en el gobierno de “el innombrable”, cuando él mismo, en uno de sus viscerales arranques, aceptó públicamente que iba a “meter mano a la justicia”, como si tal declaración le daba un mejor “tono” a tan tamaña desfachatez. Se llegó al colmo, hoy olvidado por sus corifeos, de “emitir” sentencias judiciales a través de un micrófono y en las tarimas de las denigrantes sabatinas.
El manejo de las decisiones judiciales es una puerta abierta a la corrupción, en todos los sentidos, y una fuente inmejorable de control de ciertas estrategias políticas, electorales, de venganzas y hasta de oscuros amedrentamientos. El Consejo de la Judicatura, que nació con la Constitución de 1998, como el organismo de administración y disciplina de la función judicial, es ahora visto como el mecanismo más “a la mano” para que las sentencias judiciales vayan por donde los detentadores del poder “quieren que vayan”, no de otra manera se explica la lucha a dentelladas por controlarlo, en la actualidad, aún a costa de maniobras burdas y rayanas en la sinvergüencería y el cinismo.
Se ha llegado a tal punto, que buena parte de la opinión “da por hecho” que determinadas decisiones judiciales “corresponden” al gobierno y, hablando de decisiones que caben exclusivamente a los jueces, se dice que el “Presidente” o el “gobierno” debería “asumir” tal o cual postura. ¡Qué pena! ¿Cuándo se nos permitirá reconocer las fronteras entre los jueces y los políticos? (O)
