La falta de trabajo es uno de los principales problemas de los ecuatorianos, seguido o antecedido por la inseguridad.
Hasta el momento, el Gobierno de Guillermo Laso no puede cumplir con una de sus principales ofertas de campaña electoral.
Su proyecto de reformas en materia laboral ni siquiera ha sido enviado a la Asamblea Nacional. Sabe, pues, de antemano su fracaso, dada la renuencia de sectores políticos opositores para dar paso a visiones más pragmáticas y acordes con la realidad impuesta por la tecnología y las diferentes fuerzas productivas.
El Legislativo le devolvió su propuesta de Ley de Inversiones. Parte de su contenido apuntaba a crear de fuentes de trabajo.
A la hora de la hora, no hay ni inversiones -extranjeras, sobre todo- de gran envergadura, peores oportunidades laborales.
Según el informe del INEC, pese al crecimiento de las ventas internas y las exportaciones, persiste el estancamiento del empleo adecuado o pleno.
La tasa sigue en 32,1 %, muy distante del existente antes de la pandemia, cuando superó el 38 %.
Entiéndase como tal, cuando un trabajador gana el salario básico y labora 40 horas a la semana.
Según un análisis de Cordes, se atribuye tal estancamiento al alza salarial decretada por el Gobierno. De acuerdo al sector productivo, fue una decisión política, no técnica. Por lo tanto, lejos de fomentar plazas de trabajo, las limita.
También la relaciona con las últimas protestas. Significaron millonarias pérdidas, minaron la confianza empresarial, mientras disminuyó la creación de empleos en los sectores del comercio, manufactura y la construcción.
Vale insinuar la advertencia de los sectores indígenas de retomar las protestas si finalmente el diálogo con el Gobierno no plasma sus exigencias.
Se suma la incertidumbre política, consecuencia de la pugna de poderes, en cuyo irreconciliable contexto el anhelo de millones de ecuatorianos por conseguir trabajo parece no interesar.
El sector privado, no tanto el Estado, es el mayor generador de empleo. Esto debe entenderse.
