El primer intento fue al inicio del funcionamiento de la Asamblea, cuando el correismo pretendió armar una mayoría legislativa bajo el condicionamiento de la conformación de una “comisión de la verdad”, cuyo inocultable objetivo sea el de lavar los pecados de “el innombrable” y su banda. El segundo intento se dio paralelamente a la última movilización indígena, cuando en la Asamblea se quiso dar un “golpe de estado”, fraude electrónico incluido, destituyendo al Presidente de la República, fraude electrónico que, a propósito, ningún ecuatoriano de a pie conoce aún los resultados finales de la investigación. Y eso que se trató de derrocar a un Presidente electo democráticamente y bajo causales solo existentes en la mente calenturienta de sus promotores.
La semana pasada se dio el tercer intento, cuando la nueva mayoría de la Asamblea “inventó” un juicio político para censurar a la ex presidenta del Consejo de la Judicatura, al actual presidente y a dos más de sus miembros, que no son del “agrado político” de esta “híbrida” mayoría. El objetivo: hacerse con el control de un nuevo Consejo de la Judicatura que responda a sus particulares intereses. En el caso del PSC, el añejo y acariciado sueño de tener libre acceso a juzgados y cortes. En el caso del correismo, una reestructuración de la administración de justicia que permita, vía recursos de revisión, la libertad de los miembros de la banda que se encuentran presos, el levantamiento de las órdenes de prisión de los que se encuentran fugados, el archivo de los procesos en curso y, ¡claro!, el regreso triunfal de “el innombrable”, oficialmente libre de pecado y coronado con una aureola de santidad.
Los tres pasos mencionados son incontrovertibles y en todos tres han perdido el correismo y sus actuales socios, pero que a nadie le quepa, ni una pizca de duda que, hay “tanto” de por medio y “tan” vital para ellos, que no cejarán en sus esfuerzos, dignos de mejor suerte, por continuar con su ya desembozada agenda de convertir a los demonios en santos y declarar oficialmente inaugurada a la “impunidad” como “política permanente del Estado”. (O)
