Los pueblos son impredecibles cuando van las urnas, donde nada está seguro, sino tras contar los votos y proclama los resultados.
En 2022 el 74 % de los chilenos respaldó la necesidad de cambiar la Constitución, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, barnizada con algunas reformas durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Las violentas protestas en 2019 fueron el detonante para exigir una nueva carta política. Pero, además, por la necesidad de cambios políticos, radicales en algunos casos, para dar un giro en materia de seguridad social, de acabar con la inequidad social y más desajustes estructurales, como la privatización de servicios básicos, incluidos los derechos de agua.
La victoria del actual presidente Gabriel Boric presagiaba el triunfo de la nueva Constitución. Él fue partidario de su gestación; igual de los sectores identificados con la centroizquierda e izquierda.
Sin embargo, la sorpresa, si bien ya anticipada por las encuestas, ocurrió el domingo. El rechazo fue contundente: 61,8 %.
Corresponde a los chilenos procesar los resultados, producto de sendas campañas a favor o en contra; igual a las fuerzas políticas predominantes en las últimas décadas. Estas siempre se alternaron en el poder, por lo general manteniendo el modelo económico, considerado, en su época, como el símbolo del desarrollismo, ni se diga del libre mercado, si bien desentendido de los graves problemas sociales.
De hecho, el presidente Boric dio el primer paso tan pronto conocer los resultados. Se comprometió, conjuntamente con el Congreso y las diferentes fuerzas sociales, a construir “un nuevo itinerario constituyente”.
En esa misma línea se expresaron representantes de organizaciones patrocinadoras del no a la nueva Constitución.
El pronunciamiento del pueblo chileno, y así lo han interpretado el Gobierno y los opositores, tampoco implica marchar en el mismo terreno. Más bien, amalgamar propuestas de fondo para emprender con cambios profundos, siempre necesarios en democracia y exigidos por el pueblo.
