Los abogados del expresidente de EE.UU. Donald Trump reclamaron este 12 de septiembre de 2022 a la jueza a cargo de la demanda que interpuso por el registro del FBI de su mansión en Florida que no acepte una petición del Gobierno para poder seguir revisando el material incautado.
«No deje al Gobierno saltarse el proceso», dijeron en un escrito de 21 páginas incluido hoy en el expediente de este caso que acapara la atención mediática en medio de la precampaña para las elecciones de medio mandato presidencial previstas para noviembre.
Los abogados del expresidente alegan como uno de los motivos para rechazar la petición del Departamento de Justicia a la jueza Aileen Cannon que «el Gobierno está intentando indebidamente criminalizar la posesión por parte del 45º presidente (de EE.UU.) de sus propios registros presidenciales y personales».
La semana pasada, la jueza Cannon aceptó una petición de Trump para que un perito especial sea quien revise los documentos oficiales, algunos con etiquetas de «alto secreto» o «clasificado», hallados en su mansión Mar-a-Lago, una decisión que el Departamento de Justicia (DOJ) apeló en una corte de Georgia.
Pero, hasta que se vea la apelación, los abogados del Gobierno quieren que la jueza deje en suspenso la parte de su orden que establece que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado en la mansión de Trump o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que el perito especial no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial.
No obstante, apunta que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional puede continuar su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados.
La designación del perito («special master» en inglés) va a llevar mucho tiempo, según coinciden los analistas y expertos.
En el escrito presentado hoy a la jueza Cannon, que fue nombrada en su momento por Trump, los abogados del expresidente dicen que la investigación es «a la vez sin precedentes y equivocada».
«En esencia es una disputa por el almacenamiento de documentos que se ha salido de control», agregan.
Los abogados manifiestan que la orden de la jueza Cannon, que el Gobierno ha recurrido en la Corte de Apelaciones de Atlanta, es «un paso preliminar sensato hacia la restauración del orden en medio del caos» y que «no se debe permitir que (el Gobierno) se salte el proceso y se proceda directamente a una conclusión predeterminada».
«El Gobierno señala en general la supuesta necesidad urgente de realizar una prueba de evaluación de riesgo de la posible divulgación no autorizada de supuestos ‘registros clasificados'», dicen los abogados de Trump.
Sin embargo, «no hay indicios de que los supuestos ‘registros clasificados’ hayan sido revelados a nadie», subrayan. EFE
