Finalmente, el presidente Guillermo Lasso concretó su propuesta política de enmiendas a la Constitución por medio de un referendo. No la matizó con una consulta popular, tal como se advertía.
Las ocho preguntas y sus anexos se presentaron ayer ante la Corte Constitucional, tan pronto como el presidente las esbozó en un acto público.
Corresponderá a esa Corte calificar o no de constitucionales las preguntas. No faltarán las objeciones y adhesiones a través de los amicus curiae.
Aprobadas las preguntas, el proceso continuará en el CNE, encargado de la convocatoria.
Las propuestas abarcan temas como la seguridad ciudadana, uno de los principales problemas sociales del país. Busca el apoyo complementario del Ejército a la Policía Nacional, sin necesidad de decretar el estado de excepción.
En ese mismo contexto, otra pregunta se relaciona a la extradición de ecuatorianos, en calidad de autores de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.
Propone, además, garantizar la autonomía de la Fiscalía, reducir el número de asambleístas, exigir a los movimientos políticos tener un número mínimo de afiliados, si bien deja a un lado a los partidos.
Otra de las “cerezas” de la propuesta es eliminar competencias de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana, devolviendo esta facultad a la Asamblea Nacional.
Las dos últimas se relacionan con temas ambientales.
Una consulta popular o referendo sirve para premiar o castigar a un Gobierno, se ha dicho siempre.
Se busca atar esas alternativas a la aceptación popular o no de un mandatario en su gestión.
Si es baja, como la es la del presidente Lasso, los resultados bajo esa óptica reduccionista serían negativos.
Sin embargo, es momento de cambiar esa visión, para cuyo propósito será necesario un serio y profundo debate ciudadano, si es posible alejado de actores políticos recalcitrantes, no propositivos, más bien propulsores del caos y del fracaso.
Ejercer una verdadera ciudadanía es un deber de todos, mucho más allá de cualquier Gobierno.
