Asaltantes que ingresaron a robar en una urbanización de Chaullabamba y fueron repelidos a tiros; un vehículo robado bajo la misma modalidad en la avenida Ordóñez Lasso, que fue recuperado; y un barbero que resultó herido tras un robo en Guzho son apenas tres de los múltiples hechos delictivos que ocurrieron en las últimas horas en Cuenca y mantienen en zozobra a la ciudadanía.
Froilán Salinas, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC), reconoce que atrás quedó esa ciudad tranquila, al sostener que los índices delictivos en Cuenca se han visto claramente afectados.
“Lamentablemente, los cuencanos estamos enfrentando una situación que antes no la habíamos vivido, que hay que reconocerla como funcionarios y que debemos reaccionar en medida de las demandas de los ciudadanos”, aseguró.
Según datos proporcionados por el Observatorio del CSC, existe un considerable aumento en robos a unidades comerciales, robos a viviendas y hurtos y robos en espacios públicos, distribuidos básicamente en el Centro Histórico y en los barrios residenciales periféricos de la ciudad.
En cuanto a los últimos hechos delictivos, Salinas explica que tienen una táctica diferente: “Lo que nosotros ahora estamos observando es la operación de bandas articuladas en base a un levantamiento de información previa para ejercer estos delitos”.
Por eso, habla de la necesidad de trabajar en conjunto, pese a que la competencia del Municipio de Cuenca en materia de seguridad es “limitada o nula”, explica el funcionario. “Estamos claros que el Estado central como tal, en todas sus áreas de competencias, atraviesa un problema serio en el ámbito de seguridad. La Policía Nacional tiene inconvenientes serios; el ECU911 también atraviesa una condición seria en su plataforma…”, detalló.
La propuesta municipal para frenar la inseguridad se basa en el fortalecimiento logístico a los entes operativos, como parte de la tercera fase del Plan de Seguridad que lleva adelante el Municipio de Cuenca.
“El Consejo de Seguridad Ciudadana no ejecuta operativos, no realiza labores de inteligencia, lo que hace es articular el esfuerzo”, dijo Salinas.
En este contexto, se tiene previsto entregar 5 camionetas y 30 motocicletas a la Policía Nacional. Los vehículos se encuentran en un proceso de balizaje. “Desafortunadamente no existe la condición en el país para acelerar el proceso de entrega de estos insumos, los trámites son engorrosos”, comentó.
Acciones concretas
Este medio intentó conversar con el gobernador del Azuay, Matías Abad, para obtener una respuesta sobre el plan de seguridad, pero no fue posible por la agenda del funcionario.
En su lugar, Gustavo Toledo, intendente general de Policía, se refirió al tema. Aseguró que este se debe analizar desde una perspectiva más grande: “Entendamos que el Gobierno central ha estado actuando duro en contra de la delincuencia y el narcotráfico. Por ende, siempre cuando existe una acción vamos a tener una reacción, donde lastimosamente se ve perjudicada la ciudadanía, al tener este desencadenante en las calles”.
Toledo detalló que, para frenar esta ola de delincuencia, se establecerán algunas estrategias que integren a la Gobernación del Azuay, Intendencia de Policía y Policía Nacional, como la denominada “Punto Seguro”, con la que se busca garantizar la presencia de efectivos policiales que cambiarán de ubicación cada cierto tiempo.
Además, se tiene previsto intensificar los patrullajes, para lo que se destinará otro vehículo para la provincia.
De igual manera se está implementado el programa “Local Seguro”, para evitar los robos en comercios.
Adicionalmente, se habilitó el número de teléfono exclusivo: 099 562 0206, que pertenece a la Intendencia de Policía, para receptar todo tipo de denuncias. “Insto a la ciudadanía a que nos siga enviando fotos, videos, información, pero sobre todo que realicen las denuncias”, dijo el intendente.
La autoridad también hace un llamado a la ciudadanía, pues indica que existe “poca colaboración” en los operativos de Control de Armas, Municiones y Explosivos, conocidos como CAMEX. “Entendemos que pueda existir un rechazo en la ciudadanía por la falta de confianza, sin embargo, queremos restaurarla”.
También se refirió a la participación del sector legislativo, como el Concejo Cantonal y la Asamblea Nacional, entidades que, a su criterio, deben crear las herramientas jurídicas necesarias para que las autoridades de control y orden público intercedan oportunamente.
“Por disposición del Gobernador (Matías Abad) y en vista de la falta de cooperación por parte de estas instituciones, presentaremos una ordenanza al Concejo Cantonal, para que se replique en la provincia, mediante la cual se regule la prostitución en el espacio público, el porte de armas blancas y la mendicidad”, añadió.
Toledo comparte que estas normativas son importantes para actuar con base a derecho, citando como ejemplo que en diferentes operativos se ha retirado un sin número de armas blancas y que la mendicidad, en algunos casos, está ligada a la extorsión y sirve como “inteligencia” para cometer robos en locales comerciales, pero no existe sanción alguna.
Confianza
El coronel Hugo Arroyo Maldonado, jefe de la subzona Azuay, reconoce que existe conmoción en la ciudadanía a raíz de los incidentes registrados en las últimas semanas, sin embargo, hace un llamado a seguir confiando en el accionar policial.
“Continuamos trabajando con líneas investigativas para poner a las personas que están cometiendo estos delitos a orden de las autoridades competentes”, ofreció.
Arroyo detalló que la Policía Nacional recoge evidencias durante meses para que los administradores de justicia realicen su trabajo, sin embargo, los infractores salen en libertad.
“Nosotros no somos quién para hacer estas observaciones, pero existen muchos vacíos (en la Ley) que deben ser tomados en cuenta por la Asamblea”, añadió.
Arroyo anticipa que el número de policías se incrementará en 2023, con la graduación de policías en noviembre.
Repercusiones
Mario Pazmiño, experto en seguridad, señala que la dinámica del crimen organizado a nivel nacional tiene repercusiones graves para la política de seguridad integral del Estado, a tal punto que en el país se han identificado ocho “santuarios” o lugares donde actúan estos grupos.
En el caso concreto de Cuenca, sostiene que la inseguridad se ha incrementado por el tráfico de armas que se genera desde la frontera sur.
“La inseguridad está ligada a la presencia de diferentes actores de violencia en los centros carcelarios, especialmente en Turi”, analizó.
Pazmiño menciona que, ante estos hechos, la ciudadanía debe exigir a la autoridad municipal y gubernamental políticas públicas de seguridad para combatir este tipo de violencia, además de emplear la presencia disuasiva permanente, una nueva estrategia para materializar la presencia en territorio de la fuerza pública: terrestre, naval aérea, Policía Nacional, Fiscalía, empresas de seguridad privada, etc, previo a un equipamiento, entrenamiento y capacitación, para integrar las fuerzas de seguridad antidelincuencial, con el propósito de hacer patrullajes permanentes durante las 24 horas del día. (I)
ALGUNAS CIFRAS
38
cámaras entregará el CSC al Sistema ECU911, para que reemplacen los dispositivos que presenten fallas y no pueden ser corregidas.
185
cámaras del CSC están distribuidas en la ciudad, el 95% están disponibles, ya que suelen presentarse problemas técnicos o eléctricos. Se instalarán 150 nuevas.
220
sistemas de alarmas comunitarias se implementarán este año por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana en diferentes barrios.
1.900
policías actualmente se encuentran al servicio de la provincia, según datos proporcionados por el jefe de la subzona Azuay.
MÁS DETALLES
-Las muertes violentas y los robos a vehículos se han duplicado en lo que va del año, con relación al 2021. Aumento del 35% de robos, con corte a junio.
-Un incremento del 113 % en muertes violentas se registra entre enero y agosto de este 2022 con relación al mismo período del 2021. En tanto, los robos a vehículos se han incrementado en un 117 por ciento.
-De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobierno, en el 2021 las muertes violentas en Cuenca sumaron 13 casos, mientras que en lo que va del 2022 se han registrado 26 de estos crímenes en la ciudad.
