No son solo ecologistas, son personas que protegen sus bosques, sus territorios y la diversidad frente a bandas criminales que amenazan sus vidas y buscan frustrar sus titánicos esfuerzos de conservación. Los defensores ambientales en Perú guardan con pasión la Amazonía expuestos cada vez a más peligros.
Uno de ellos es Víctor Zambrano, reconocido conservador ambiental peruano. Durante más de una hora relata a Efe los asesinatos impunes -asegura- de compañeros, los innumerables proyectos de protección de bosques que no han prosperado o los de formalización de actividades ilegales y, sin embargo, el amor» a su entorno lo anima a seguir luchando.
«Toda la vida, desde que tengo uso de razón, mi mayor anhelo ha sido tener mis bosques y recursos naturales de manera íntegra», dice Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, en el departamento amazónico de Madre de Dios.
Pero el romanticismo que inspira y motiva a Zambrano está lejos de lo arduo y peligroso de su día a día. Solo desde el comienzo de la pandemia, se han contabilizado una veintena de asesinatos.
Miembros de comunidades indígenas que viven en la Amazonía y personas encargadas de una concesión de bosque ven cada vez con más frecuencia cómo sus territorios son invadidos por grupos ilegales que buscan su explotación, ya sea la tala ilegal, la minería o el narcotráfico.
Solo por defender sus propios suelos o denunciar estas ocupaciones son amenazados por estos actores criminales y este peligro es aún más trágico por la tremenda desprotección y asimetría a la que se enfrentan los conservadores.
«Existe una fuerte sensación de impunidad, se cometen delitos y aunque sean denunciados, no pasa nada. Eso hace que el panorama se agrave», explica la defensora ambiental y fundadora de Arbio, Tatiana Espinosa desde su concesión de bosque amazónico, un terreno que el Estado asigna a empresas u organizaciones para su conservación.
«Estamos en un momento preocupante porque no hay soluciones a la vista, se siguen sucediendo situaciones bien complicadas y nosotros seguimos expuestos a pesar de varias acciones complementarias con entidades del Gobierno regional o entidades con la finalidad de elaborar una estrategia para poder impulsar actividades económicas sostenibles», explicó Zambrano.
ATENTADOS A LA VIDA
«Tú eres el que jode, déjanos trabajar», le dijeron encapuchados con cuchillos y una pistola a Alberto Inuma, representante de la comunidad Boca Pariamanu, en 2017, durante una de sus visitas a la ciudad de Puerto Maldonado para hacer trámites.
A pocos metros del colorido mural del defensor ambiental Roberto Pacheco, asesinado en 2020 mientras vigilaba su terreno, Inmuna cuenta a Efe cómo su comunidad, de apenas 37 familias, se dio cuenta de que algo iba mal cuando el agua del río del que beben se empezó a enturbiar.
Notaron que la minería ilegal de oro había entrado en su territorio y, tras denunciar la situación a las autoridades, llegaron las amenazas que más tarde se tradujeron en ofertas para comprarles las tierras, que rechazaron porque sabían que «ellos trabajarían el bosque sin piedad».
Tanto Inmuna como Zambrano y Espinoza aseguran que revertir esta situación es difícil porque las autoridades, las fuerzas de seguridad y los miembros de la Justicia viven amenazados o «comprados», por lo que denunciar los abusos de estos grupos no es sólo inútil, sino que aumenta su vulnerabilidad.
EL PAPEL DEL ESTADO
Los conservadores denuncian que se sienten abandonados por las autoridades y que, además, están cumpliendo un rol que les corresponde a estas.
La organización que agrupa organizaciones y comunidades «Amazonía que late» afirma que, solo en las labores de vigilancia que realizan en esta parte del bosque peruano, el Estado se ahorra 14 millones de soles cada año (unos 3,5 millones de dólares).
«No podemos plantear cosas con las manos vacías, tiene que ser con propuestas para que se demuestre que lo que hacemos acá no es solamente estar esperanzado con que el gobierno nacional o regional nos de la salida del problema, pero, lógicamente, es su deber, es su rol», indica Zambrano.
Con la misma rabia con la que cuenta la última vez que fue apuntado con un arma, el conservador explica que, gobierno tras gobierno, han intentado proponer soluciones mediante leyes o programas que reduzcan la presencia de estas actividades ilegales que atentan no solo contra ellos sino contra la biodiversidad de la Amazonía.
Y sin embargo, una a una han ido cayendo porque esta emergencia nunca parece ser una prioridad. A eso se suma la inestabilidad de la política peruana y los intereses económicos que, subraya, no hacen más que agravar el problema.
Todos ellos, los mismos que se dejan la piel defendiendo la selva, coinciden en que se necesita una estrategia integral que permita atacar este problema, lo que pasa por una nueva visión en la que se revierta el valor del bosque, ya que preservando a la Amazonía se protegen a sus guardianes. EFE
