Como parte de la ceremonia para anunciar el pago de USD 300 millones del Estado al IESS, el presidente del Consejo Directivo del este Instituto, Alfredo Ortega, confirmó una elucubración: no hay auditorías externas para saldar cuentas con clínicas privadas y empresas.
Eso delata el pobre manejo administrativo y contable de la entidad desde hace décadas.
El monto a pagarse hasta finales de 2022 obedece a lo “debidamente auditado”, en palabras del ministro de Finanzas, Palo Arosemena. Corresponde a la devolución del IVA y de las prestaciones de salud del periodo 2013 al 2016.
En ese contexto, las deudas pendientes con clínicas particulares y empresas deberán esperar los resultados de las auditorías. ¿Cuándo las contratarán? Para cuando haya cifras reales, ¿habrá los recursos necesarios para cancelar?
Mientras, son constantes los reclamos, y con toda la razón del mundo. Hasta se advierte con suspender los servicios médicos a los pacientes derivados de los hospitales del IESS, entre ellos, a quienes sufren de enfermedades catastróficas.
Eso ya es una especie de “circulo vicioso”, cuando lo óptimo sería auditorías trimestrales o semestrales, igual la disponibilidad del dinero para cancelar de inmediato.
Y si eso es parte de la grave crisis del IESS en cuanto a salud, también lo es la deuda acumulada. Se la estima en más de USD 8.400 millones. Y sube mes a mes.
En consecuencia, su déficit actuarial proyectado para las próximas cuatro décadas es catastrófico. El del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, es otra bomba de tiempo, a lo mejor no asimilada en su real magnitud por el Gobierno, por las máximas instancias administrativas del IESS, peor por los afiliados.
Se debe insistir e insistir. Los problemas del Seguro Social son estructurales. Así el Estado pague toda la deuda –una quimera-, no los resuelve. Su quiebre financiero no estaría lejos.
Si todos los sectores involucrados no toman con responsabilidad la situación del IESS, cuyas distorsiones son insostenibles, su futuro es gris.