El anuncio del Presidente Lasso de convocar a una consulta popular, ha provocado cuestionamientos jurídicos y políticos en relación a las 8 preguntas que tendría la misma.
Si bien el Presidente de la República tiene la facultad de solicitar la convocatoria a una consulta para enmendar la Constitución (artículo 441), sin embargo los reparos jurídicos que se hacen tienen que ver con el hecho de que la mayoría de las preguntas no se refieren a simples enmiendas sino a reformas de la Constitución; por lo que no cabría una consulta popular ( o “referéndum”), sino un reforma parcial que debe ser realizada primero por la Asamblea y luego sometida a consulta popular (artículo 442).
Incluso sobre el contenido de algunas de esas preguntas ya se habría pronunciado anteriormente la Corte Constitucional, en el sentido de que son reformas y no enmiendas. Este sería el caso, por ejemplo, de las preguntas sobre la incorporación de las FF. AA. a labores policiales, la reducción del número de asambleístas y la eliminación de la facultad del CPCCS para designar autoridades de control; pues serían preguntas que alteran el carácter y los elementos constitutivos del Estado
Políticamente los cuestionamientos se darían porque las preguntas de la consulta, que Lasso busca realizar, no resolverían los graves problemas que agobian a la mayoría de la población, como son la pobreza, el desempleo, la falta de medicinas, la falta de cupos en la Universidades, el deterioro de los servicios públicos, la migración, etc.. ; ni siquiera solucionarían los otros graves problemas que Lasso ha prometido solucionar con la consulta: la inseguridad, el deterior de la institucionalidad democrática y la degradación del medio ambiente; pues no se busca enfrentar las causas de fondo que llevan a estos problemas.
En estas condiciones: ¿Para qué la consulta? Al parecer, más allá de lo que dice el Presidente, lo que se buscaría es recuperar algún grado de aceptación (o legitimidad) social, sobre todo cuando la aprobación de su gestión es inferior al 20%, y mantener distraída a la población en la discusión de temas que no van realmente a resolver sus problemas básicos. Y todo esto mientras el Gobierno seguirá adelante con una gestión cuestionada. (O)
