El país parece estar llegando al colmo de los colmos en cuanto a inseguridad.
En varias escuelas y colegios de Guayaquil, estudiantes, profesores y padres de familia, comienzan a vivir una pesadilla cuyas consecuencias son impredecibles.
Los delincuentes dedicados a cobrar la “vacuna” siembran el terror, no solo entre comerciantes, familias de ciertas urbanizaciones, también en los centros educativos.
La “vacuna” es el delito de extorsión. Fijan determinada cantidad de dinero, la hacen saber a sus víctimas, incluyendo el amedrentamiento, y exigen la paguen semana tras semana.
Padres de familia y directivos de unidades educativas, ante tal amenaza exigen al Gobierno garantizar su seguridad.
Pero como la ven distante e intermitente piden al Ministerio de Educación volver a las clases virtuales, única manera de desenvolverse con tranquilidad. En otros casos, los padres prefieren no enviar a sus hijos a las aulas.
Si la delincuencia le pone un precio a la paz ciudadana, al trabajo, a la educación, estamos tocando fondo.
Si quienes son parte del sistema educativo reciben tales amenazas, hasta cierto punto se justifica su reacción: no querer asistir a clases presenciales.
Ese tipo de delito, con seguridad se irradia hacia otras ciudades del país. Bien puede salirse del control si a tiempo no se lo enfrenta con entereza, con la fuerza de la ley, en cuyo caso es importante presentar las denuncias ante autoridad competente.
El flamante ministro del Interior, Juan Zapata, tiene en sus manos tan compleja tarea, claro, una más dentro del enmarañado panorama delictivo, dominado por el narcotráfico, cuyos tentáculos son hasta inimaginables.
Será necesario el concurso de todos los sectores involucrados. Corresponde a la Policía Nacional no cejar en su trabajo para someter a quienes quieren mantener en zozobra a los estudiantes y a sus padres.
No está por demás insistir: la inseguridad es el principal problema de los ecuatorianos. Así lo debe entender el Gobierno.
