En Ecuador la ley contra la corrupción es blanda. Descubrir a los corruptos no es tarea fácil, excepto por la tarea de algunos quijotes. También por la labor, aunque intermitente del periodismo.
En los últimos años, la justicia de otros países, concretamente de los Estados Unidos, permitió conocer casos emblemáticos de corrupción en Ecuador, ligados a la trama diseñada por Odebrechet.
El negocio petrolero, como en otras épocas, terminó embarrando a altos directivos de los ministerios y de las empresas encargadas de su comercialización.
Petroecuador se constituyó en el símbolo negro de la corrupción, durante el gobierno cuya cabeza, al parecer todo lo permitía.
Exministros de Energía y Minas, gerentes de aquella empresa y otros mandos medios, fueron descubiertos, luego procesados judicialmente, si bien otros pasean su impunidad en el exterior.
Varios fueron sentenciados. Una combinación de delitos es su hoja de vida. Entre ellos: cohecho y tráfico de influencias.
Una de las cabezas visibles de esa trama, según la justicia, es el exvicepresidente de la República. Guarda prisión pese a los esfuerzos, sobre todo políticos en complicidad con jueces de la misma laya, por sacarlo de la cárcel.
Los sentenciados, por decisión de la autoridad y tal como lo establece la ley, deben devolver el dinero robado a los ecuatorianos.
Pero ninguno lo ha hecho. Igual sucede en el caso Sobornos. Más bien dan lecciones de moral al país y quieren volver a gobernarlo.
En estos días, aprovechando lo blando de la ley, un exgerente de Petroecuador ya está libre, si bien con grillete, pero libre al fin.
Pero, tal como lo advirtiera la Procuraduría de la nación, no ha resarcido al Estado ni un solo dólar de lo sustraído en complicad quien sabe con cuántos otros corruptos. A lo mejor ni lo hará.
Esto fastidia a los ecuatorianos honestos. Su conclusión es demoledora: roban, permiten robar, son sentenciados, aprovechan las debilidades de la ley (¿hechas a propósito?) y salen campantes a disfrutar de lo robado.
