Cuenca fue sede del XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Representantes de 25 países analizaron cómo repensar los mecanismos encaminados a cumplir, hasta 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU.
Entre ellos: fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, agua y saneamiento, trabajo decente, crecimiento económico y la reducción de desigualdades.
A simple vista, una agenda repleta de buenas intenciones, si bien basadas en la realidad socioeconómica de los pueblos latinos y del Caribe.
Los Gobiernos son los llamados a aplicar políticas de Estado para eliminar las grandes inequidades sociales, la mayoría de tipo estructural.
Algunos gobernantes priorizan las cifras macroeconómicas, no siempre justas, por ejemplo, para atender necesidades básicas como salud, educación y vivienda.
Gravísimos problemas como la corrupción, el populismo cuyo objetivo es no superar la pobreza sino sostenerla con el asistencialismo; el narcotráfico, la falta de una verdadera democracia, el poco o nulo acceso a las tecnologías, entre otros, contribuyen al subdesarrollo.
Muchos de esos problemas tocaron fondo a raíz de la pandemia. Sus consecuencias tardarán años en disiparse, sino hay el real compromiso de los gobiernos para enfocarse en los grupos sociales empobrecidos.
Cuando estamos por consumir el primer cuarto del siglo XXI, la desnutrición crónica infantil aún es una lacra en la mayoría de países, entre ellos Ecuador, si bien el Gobierno ha puesto especial énfasis para subsanarla, destinando un presupuesto anual de USD 300 millones.
Al final de la reunión se firmó la “Declaración de Cuenca”. Contiene 20 puntos, encaminados “a mejorar la protección social y a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Se hizo constar cuán necesario es la participación de los gobiernos locales.
Todo es correcto; pero si las declaraciones no se materializan no pasan de ser meros enunciados.
