Los resultados del diálogo entre el Gobierno y la Conaie traen consigo una serie de inquietudes de fondo, poco advertidas, peor sopesadas, por el resto de ecuatorianos.
A los diez puntos de la agenda original, elaborada tras la terminación del paro violento efectuado en junio de 2022, esa organización ha sumado más y más exigencias, siempre con la amenaza de volver a paralizar el país.
La última (ojalá lo sea) se relaciona con la reparación integral para familiares de sus “compañeros” muertos y heridos durante su asonada.
Según el Banco Central, las pérdidas causadas por el paro suman USD 1.115 millones. De esta cifra, 834 millones corresponden al sector privado. La previsión de crecimiento de la economía en 2022 bajará en un 2,7 %. ¿Quién responde por todo este descalabro?
El Gobierno no parece dispuesto a ceder ante semejante exigencia. Pero todo se puede esperar dada su ambivalencia.
Tampoco hay acuerdo sobre la rebaja del precio de la gasolina y el diésel, la “cereza” de la agenda impuesta.
La difusión de algunos acuerdos en los sectores de hidrocarburos y mineros vislumbra un panorama inquietante.
El equipo negociador del oficialismo habría aceptado la creación de una mesa técnica de evaluación, con capacidad hasta legislativa y de control. Sus decisiones serán vinculantes.
No es anticiparse, pero por la manifiesta debilidad política del Gobierno, las decisiones las impondrán sus contradictores. No necesariamente corresponderán al interés nacional, sino a visiones ideológicas ancladas en la fuerza y la violencia.
El Gobierno debe aclarar el trasfondo de tales acuerdos. Por garantizar la paz social no puede abandonarse en manos de sectores -respetables por cierto, cuyas demandas sociales también lo son- cuyo propósito es hasta debilitar la democracia.
Da para pensar en el surgimiento de un gobierno paralelo con políticas propias, no siempre sintonizadas con la realidad nacional ni con las aspiraciones de la mayoría de ecuatorianos.
