Análisis político
Marco Salamea
Las nuevas matanzas ocurridas durante esta semana, en las cárceles de Latacunga y Guayaquil, pone otra vez en entredicho la capacidad del Estado para hacer valer su autoridad, y el primado de las leyes, dentro del sistema penitenciario nacional; una situación que, al mismo tiempo, daría cuenta de que el restablecimiento de la seguridad carcelaria y la promoción de una verdadera política de rehabilitación social no están dentro de las prioridades de las políticas del Gobierno.
Es que en un poco más de un año del Gobierno del Presidente Lasso ya han ocurrido ocho masacres en diversas cárceles del país. Si bien, después de cada masacre, las autoridades gubernamentales han dispuesto realizar operativos y han declarado que se tomarán medidas para retomar el control, y para evitar que esos terribles hechos de sangre vuelvan a ocurrir, en la realidad esas medidas nunca han funcionado o no se han dado; de forma que el papel de los órganos correspondientes del Estado, cuando esos hechos han vuelto a ocurrir, pareciera que ha quedado básicamente en el conteo del número de asesinados.
El problema carcelario no es de ahora, pero nunca ha alcanzado el nivel de violencia actual; razón mayor por la que las autoridades, desde la primera masacre, tenían que ir implementando las medidas necesarias para quitar a las bandas del narcotráfico el control de la cárceles y, sobre todo, para evitar que estas tengan la posibilidad de seguir cometiendo matanzas; situación esta última que podía ser factible con sólo evitar, desde las fuerzas de seguridad del Estado, el ingreso de la multiplicidad de armas a los recintos carcelarios.
Pero, la violencia del crimen organizado no sólo ha crecido en las cárceles, sino que esta se ha extendido a los espacios públicos de diversas zonas del país, particularmente a la costa, con el gran incremento del sicariato y los asesinatos (alrededor de 3.200 asesinatos hasta septiembre); a lo que se ha unido la violencia de la delincuencia común que, también va cobrando vidas; todo esto en un ambiente de desidia de las autoridades, de impunidad y de temor ciudadano.
Urge pues que la seguridad ciudadana se convierta de forma urgente en una prioridad para quienes hoy ejercen el poder del Estado. (O)
