En esta semana concluye el plazo autoimpuesto por el Gobierno y la Conaie sobre los diez temas motivo del diálogo iniciado tan pronto terminó el paro protagonizado por la organización indígena en junio de 2022.
El país está pendiente de los resultados alcanzados durante 90 días de consensos y disensos, de encuentros y desencuentros, de los pro y contra, y hasta de constantes amenazas de retomar las protestas.
Asuntos cruciales, entre ellos fijar subsidios a los combustibles -a más de los ya existentes- a favor de ciertos sectores, podrían dilucidarse en estos días, si bien predominan las controversias, sobre todo en cuanto a la metodología a aplicar y en determinar los conglomerados sociales de verdad necesitados.
Aquel es un asunto por demás polémico, salpicado por intereses políticos y de estrategia electoral cuando el país está en la antesala de las elecciones seccionales.
No deja de preocupar el desenlace de otros temas exigidos por la Conaie mientras transcurría el diálogo. Entre ellos, compensaciones por muertos y heridos pertenecientes a sus filas.
Estos lamentables hechos también afectaron a policías, militares, más las millonarias pérdidas económicas causadas durante los 18 días de protestas violentas. De esto último nadie osa hablar; peor exigir cuentas y aplicar la ley a los responsables.
Si bien el Gobierno, según anunció, no cederá, de pronto se ve arrinconado a aceptar. Esto es motivo de sobresaltos mientras se acerca el fin de plazo.
El diálogo, y así debe entenderse, no debe agotarse con la firma del posible gran acuerdo. A lo mejor queden asuntos pendientes por ser complejos. Y por serlo merecen seguir analizándose.
Además, sobrevendrán otros como parte de la dinámica social, política y económica. El protagonizado por el Gobierno y la Conaie no debe empañarse por una posible paralización, tal como lo advierte la dirigencia indígena si no se acepta al pie de la letra sus exigencias.
Ojalá prime la sensatez.
