107 armas de fuego, 13.110 municiones, 3.661 armas cortopunzantes, 24 tacos de dinamita, 13 aparatos explosivos de gran alcance, 1.884 celulares, 32 kilos de cocaína y millones de litros de licor son algunos de los artículos que se han decomisado en el interior de las cárceles del país, en un total de 4.884 operativos que han realizado los guías penitenciarios en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Los datos los proporcionó Freddy Ramos, viceministro del Interior, quien ayer compareció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, donde acudió para explicar las acciones que han tomado para detener las masacres carcelarias.
Según Ramos, por estas irregularidades han sido procesadas 352 personas, la mayoría son detenidos que han recibido una sentencia adicional, pero también familiares de los presos que han intentado ingresar con estos artículos.
Para Zoila Cáceres (nombre protegido), quien fue parte de los familiares que el pasado 4 de octubre se apostaron en los exteriores de la Penitenciaría, donde se produjo la novena masacre carcelaria del país, lo señalado por el viceministro no encaja con lo que ellos viven en los centros de detención, donde son revisados minuciosamente, por lo que no concuerdan con el hecho de que sean los únicos responsables del ingreso de las armas y los explosivos.
“Cuando pedimos que entren a salvar a nuestros familiares, un policía me dijo: los presos están más armados que nosotros, por eso no podemos entrar. Lo que queremos saber es cómo entra la plata, los fusiles, las granadas, las bombas. Queremos que nos expliquen por qué los presos están más armados que la Policía Nacional”, cuestionó la mujer.
Las interrogantes de los familiares de los detenidos se dan porque cuando ellos ingresan a los centros de detención el control es muy exhaustivo.
“No podemos entrar con aretes, uñas, debemos portar el cabello suelto, el brasier no puede llevar varilla, nos hacen que nos lo subamos, no podemos llevar zapatos de taco, nos hacen hacer sapitos. Por eso no entendemos cómo tienen tanto armamento ahí adentro”, afirmó.
Para Vianca Gavilánez, de la Fundación Dignidad, que trabaja por los derechos de las personas detenidas y sus familiares, los responsables de estos ingresos irregulares son quienes deberían custodiar la seguridad de los centros de reclusión, es decir, guías penitenciarios y policías, por lo que incluso cuestionan la presencia de estos últimos uniformados en los filtros de ingreso, lo cual no ha mejorado en nada la situación.
Tanto para la familiar del detenido, como para Mario Pazmiño, experto en temas de Seguridad, lo primero que se debería cortar en las cárceles, para frenar el ingreso de armas, es el flujo económico que reciben las mafias por extorsionar a los presos.
Un detenido, como mínimo, debe cancelar USD 100 semanales para que le den comida y dónde dormir, por cada llamada paga USD 10 y para ir al centro médico debe cancelar USD 5m detalla el experto. (ASM)-(I)
Poco interés de las autoridades
A la sesión convocada por la Comisión de Seguridad para hablar de la crisis penitenciaria solo acudieron como autoridades Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica; y Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos; el primero argumentó que mucha de la información que posee no puede proporcionarla por seguridad del Estado; mientras que la segunda se centró en explicar los avances del Censo Penitenciario, que concluirá el 7 de noviembre.
Sin embargo, al llamado de los asambleístas no acudieron Diego Ordóñez, secretario de Seguridad; Juan Zapata, ministro del Interior, quien envió como delegado a su viceministro; también acudieron funcionarios de rango medio por parte del Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo.
