Ana Abad R.
Más allá del informe para segundo debate en la Asamblea del proyecto de Ley de Armas que pretende regular la tenencia y porte de armas, municiones y explosivos en el país, o de las desatinadas y poco reflexivas declaraciones de la Alcaldesa de Guayaquil sobre la tenencia de armas, o de la presencia de actores políticos vinculados a grupos de ultra derecha que defienden esta “iniciativa”, las masacres carcelarias, la explosión de coches bombas, las amenazas a medios de comunicación y a periodistas, la incursión de grupos armados en instituciones públicas para asesinar a fiscales, abogados, policías, más la profusión de empresas de seguridad privada y hasta el incremento de la producción en los talleres de talabartería de nuevos objetos –lejos de su producción tradicional– como son los estuches para armas, dan clara cuenta que vivimos en una sociedad armada, sin que se ponga la atención que amerita de manera urgente el control del mercado ilegal de armas; pero, además, una sociedad sumida en una crítica situación socio económica y política como la nuestra ha convertido a Ecuador en un país violento, sin que hasta ahora se encuentre “financiamiento” para la estrategia planteada por el señor Lasso con la que pretende hacer frente al narcotráfico, que mantiene el país en la peor crisis de seguridad de su historia. (O)
