Con la posibilidad de soportar una nueva protesta, el Gobierno está llamado a cumplir los acuerdos suscritos con dirigentes de la Conaie y sus organizaciones afines.
Decimos posibilidad, pues es el sector indígena es impredecible. Las decisiones finales, suelen decir sus líderes, las toman las bases, por lo general azuzadas por un manifiesto radicalismo.
Luego de 90 días de diálogo en diez mesas temáticas, las partes coincidieron en 218 puntos, considerados acuerdos para el Gobierno, no así para las organizaciones indígenas.
Llámense como se llamen, debe valorarse la apertura al diálogo, la firmeza para superar posiciones a ratos intransigentes; igual el determinante rol de la iglesia católica, asumido incluso para poner fin a 18 días del paro violento efectuado en junio de 2022.
Temas complejos como la focalización de los subsidios a la gasolina y el diesel siguen pendientes, si bien se acordaron variables para excluir beneficiarios.
Se integró una Comisión de Seguimiento cuyo primer encuentro será este miércoles. La sistematización, como se ha dicho, será clave para el cumplimiento de los acuerdos, si bien ya no con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal, lo cual es lamentable.
La condonación de deudas en la banca pública y privada, para la Conaie no es suficiente el “acuerdo total” alcanzado; igual en lo relacionado a los derechos laborales.
Durante la fase de seguimiento, aquellos puntos críticos seguirán analizándose. Ojalá no queden “cabos sueltos” ni surjan malos entendidos al calor de la coyuntura política.
A los dirigentes indígenas, si no son otros sus objetivos, les corresponde actuar con ponderación; pues el liderazgo también implica allanar el camino cuando hay ofuscación entre sus dirigidos y peor si esta es creada a propósito.
Al Gobierno le toca cumplir los acuerdos. No tiene otra alternativa.
El país no soportará ni permitirá otro paro violento a pretexto del derecho legítimo a la protesta.
