José Chalco Salgado
La Constitución del Ecuador cumple catorce años desde su entrada en vigencia que fuera en el mes de octubre de 2008.
Su contenido ha tomado interpretaciones y contextos varios. Ha supuesto una profundización de la constitucionalización del derecho y la sociedad, de la comprensión del cúmulo de derechos que existen para los seres vivos, de una apuesta hacia los procesos participativos, digamos que algunas veces algo desordenados, y una mirada hacia los elementos que conduzcan o propendan hacia un real freno al poder.
Nuestra Constitución no es la misma de aquella Asamblea Constituyente y referéndum aprobatorio del 2008. Ha cambiado. Sus modificaciones han sido informales y formales.
En el año 2011 se realizaron las primeras enmiendas que fueron de iniciativa del ex presidente Rafael Correa, luego en el 2015 hubo nuevas enmiendas que nacieron de iniciativa del Poder Legislativo y en el año 2018 se declararon inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional a las mismas enmiendas del 2015, entre las que estaban la reelección indefinida de las autoridades de elección popular.
Igualmente se han producido procesos de mutación constitucional a través del ejercicio de las facultades con las que cuenta la Corte Constitucional para realizar jurisprudencia vinculante, en este contexto se han hecho interpretaciones y correcciones de sentido constitucional sobre diversos temas, algunas ocasiones de manera acertada, otras con una duda sobre el respeto al sistema constitucional.
Igualmente, se han producido divagaciones sobre distintas instituciones, fórmulas de aplicación y concreción por parte del poder. Siempre en juego el tenor y espíritu constitucional.
Lo que está claro con la Constitución es que se trata de un instrumento político y jurídico con la máxima finalidad de frenar al poder para solo entonces otorgar derechos y garantías suficientes, organizar el Estado y propender a una vida en plenitud de los seres vivos; lo que está en duda es si la actual Constitución apoya o conduce hacia este fin.
Sin duda es una creación humana inacabada. A sus catorce años de vigencia hay que seguir repensándola y afianzando la propuesta de un documento constitucional material, que sea real y con plena vigencia, pero a la vez que no sea un instrumento de abuso y utilidad del poder, sino que permita una constitucionalización para la vida, para la transformación y para la paz. (O)
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